Proponen tope salarial para funcionarios

El diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, presentó la Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, mediante la cual ningún servidor público incluido el gobernador, podrá ganar más de 2 mil 15 pesos diarios.

Lo anterior significa que, de aprobarse, el próximo gobernador o gobernadora recibirá un salario máximo de 60 mil 450 pesos mensuales, de acuerdo con el dictamen que establece en 25 Unidades de Medidas y Actualización (UMA) como remuneración diaria para los servidores públicos.

Gabriel Biestro señaló que esta nueva ley estará en concordancia con las medidas designadas por el Congreso de la Unión, las que a su vez forman parte de una nueva forma de gobierno adoptada por el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la llamada Cuarta Transformación.

"La austeridad republicana como base programática de la organización y funcionamiento gubernamental de la Cuarta Transformación es el paradigma institucional que en el trayecto del gobierno histórico de Andrés Manuel López Obrador se estará efectuando", señaló.

Según la iniciativa de ley, ningún servidor público deberá ganar más de 10 veces lo que gana el empleado con el menor salario en la misma dependencia: "no más sueldos paupérrimos ni funcionarios sultanes", dijo.

De aprobarse la nueva ley, entre las medidas que deberán adoptar todos los poderes públicos se encuentra la supresión de compras de muebles de lujo y la reasignación de recursos obtenidos con base en los ahorros derivados de su aplicación.

"La Secretaría de Administración y Finanzas dejará de desviar recursos para cumplir fines que son muy distintos a los del bienestar popular", refirió y agregó que la nueva ley será universal, por lo que no eximirá a ningún servidor público de ella.

La iniciativa de ley también propone nuevas reglas para restringir la compra de insumos en las distintas dependencias, regular los viajes y viáticos, fiscalizar los gastos de publicidad oficial y prohibir los fondos, fideicomisos y transferencias "que han sido históricamente usados para ocultar el dinero público".

Biestro sostuvo que con la nueva ley se acabará con los despilfarros y se iniciará una nueva etapa en el estado, en la que el servicio público será un honor y no un negocio.

Dicha iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, Gobernación y Puntos Constitucionales, y Presupuesto y Crédito Público.