El próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador instalará en Puebla 11 coordinaciones regionales para atender la incidencia delictiva, en municipios con un alto índice de inseguridad.

De acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad y Paz que presentó el presidente electo, la entidad poblana será dividida en cinco regiones que, a su vez, se dividirán en coordinaciones regionales, una en cada municipio.

En la primera región está Acatlán, la segunda está conformada por Ajalpan y Tehuacán; Chalchihuapan compone la tercera región; Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan y Tepeaca se ubican en la cuarta región; la quinta región comprende los municipios de Teziutlán, Huauchinango y Zacatlán, ubicados en la Sierra Norte.

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Entre los municipios señalados, sólo Teziutlán tiene un nivel de criminalidad bajo, los demás están en números rojos.

La estrategia del próximo gobierno plantea que el país será divido en 266 regiones, las cuales serán supervisadas por elementos de la "Guardia Nacional", la nueva instancia de seguridad que estará conformada por miembros de la Policía Militar, Naval y Federal.

Los destacamentos de la Guardia Nacional se encargarán de la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley. Asimismo, el número de elementos y recursos se designará en función del número de habitantes e índice delictivo.

En cada región la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango, mientras que las coordinaciones estarán conformadas por un representante del gobierno federal y de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un ministerio público y personal de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como voluntarios de la sociedad civil.

El Plan de Seguridad y Paz de López Obrador fue presentado el pasado 14 de noviembre. La estrategia plantea acciones como reformular el combate a las drogas, garantizar empleo y salud y erradicar la corrupción, así como reactivar la procuración de justicia.

La propuesta generó polémica por la inclinación a continuar con la estrategia de militarización en el país para combatir al crimen organizado, la cual ha costado decenas de miles de muertes en los últimos dos sexenios.