Con una alta percepción de corrupción, problemas en la impartición de justicia y una baja confianza en el Estado de Derecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicó a Puebla con una alta vulnerabilidad de su población carcelaria, y con ello el riesgo de reprobar el próximo Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria.

Son tres los estados del país donde la CNDH, en coordinación con el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geo Espacial (Centro Geo) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), advierte del riesgo de su población carcelaria en cuanto a dos factores: capacidad y cohesión social; son el Estado de México, Puebla y Veracruz

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Este martes, la CNDH presentó los resultados de su Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas de los Estados con Mayor Problemática Penitenciaria, que integró evaluaciones a 12 estados, donde se advierten de problemas de autogobierno, sobrepoblación, además de cobros y extorsiones, siendo éste el caso de Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Zacatecas y Baja California Sur.

En cuanto a Puebla, destaca la aprobación de su sistema carcelario en los últimos siete años; sin embargo, los resultados de su evaluación se han mantenido en observación al no lograr alcanzar mejoras; desde 2011 al año reciente, el Diagnóstico Carcelario en Puebla no logra los 7 puntos de un total de 10, por lo que se ha mantenido en un promedio de 6.76 puntos.

Esto muestra una tendencia decreciente de sus calificaciones, y con ello una situación de riesgo, debido a sus bajas mediciones de Cohesión Social inferiores al promedio nacional; es decir, nulo acceso a oportunidades por parte de su población carcelaria, además de un entorno poco armonioso.

Esto se suma a un nivel de seguridad "intermedia", en el que por un lado, la población carcelaria manifiesta sentirse insegura, pero percibe menor inseguridad que el promedio de su país, además de presentar casos de violencia de género y victimización por la inseguridad.

Como Capacidad Estatal, la CNDH revisó temas de confianza en el Estado de Derecho, impartición de justicia y corrupción; en los tres, Puebla salió reprobado.

Puebla no es el único caso donde la justicia parece no ser respetada y donde la corrupción está presente. También destaca el caso de otros estados del sur del país como Guerrero, México, Oaxaca y Tabasco.

Para revertir esa situación, exponen los especialistas de la CNDH y el Centro Geo, es necesario que los gobiernos estatales y municipales garanticen infraestructura adecuada y personal capacitado y certificado conforme a los parámetros establecidos por Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como "Reglas Nelson Mandela".

Es importante señalar que este análisis forma parte de los resultados obtenidos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que elabora la CNDH.

En la evaluación de 2017, el organismo nacional señaló en las cárceles de Puebla: problemas de sobrepoblación, deficiencias en los servicios de salud, falta de personal, carencia de programas para prevenir la violencia y falta de atención a actos violatorios a los derechos humanos.

Los Ceresos distritales reprobados fueron los de Huejotzingo, Zacatlán, Tepeaca, Acatlán de Osorio, Xicotepec de Juárez, Tecamachalco, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Teziutlán y Zacapoaxtla.

El peor caso fue el de Chignahuapan, con una calificación de 4.68 sobre 10 puntos, al no brindar garantías de un trato digno para la población penitenciaria, debido a la sobrepoblación e insuficientes servicios de salud.