Karen ROJAS | Argumentaron que con las nuevas normas ya no pudieron obtener las licencias. Verificentros quieren otra oportunidad
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El representante de 82 exconcesionarios señaló que en 2014 los clausuraron de manera arbitraria
El Colectivo de verificentros poblanos, cerrados en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, solicitaron a la administración estatal que les dé la oportunidad de abrir nuevamente, pues no incumplieron con las normas y fueron víctimas del gobierno panista que pretendió hacer un negocio.
Martín Maldonado Flores, en representación de 82 exconcesionarios de estos espacios enfocados a la revisión de los vehículos, recordó que en 2014 la administración comenzó a realizar revisiones y los clausuró de manera arbitraria.
Añadió que incluso las autoridades les iniciaron un procedimiento administrativo y les sugirieron buscar ayuda legal, así como la entrega de documentos notariados, pero nada de esto sirvió para detener el proceso.
A pesar de haber cumplido con todos los requisitos, dijo, no hubo una resolución positiva para los propietarios de los negocios, pues las autoridades únicamente realizaron estas prácticas con el fin de ganar tiempo para llevar reformas a la Ley de Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado y el reglamento.
Con la modificación de las normas legales también se dio por terminado con el programa existente, así como el sistema de centros existentes. El primer bloque, conformado por 42, fue cerrado en marzo, el resto ocurrió en junio de 2014, mencionó.
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Agregó que lo anterior provocó incluso demandas de los trabajadores, así como robo del equipo de los centros de verificación. En algunos casos se hicieron inversiones de hasta un millón de pesos para tener la mejor tecnología.
También acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, aunque no tuvieron ningún tipo de respaldo. "Desafortunadamente todo giraba a voluntad de Rafael Moreno Valle," expuso.
El colectivo acusó como responsables de estos hechos al exejecutivo estatal, a Mario Rincón González, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; así como a Javier Julián Rodríguez, director del jurídico de la misma área.
Ellos "fraguaron la estrategia del despojo a pequeños empresarios poblanos con la finalidad de beneficiar a un grupo de empresarios con malos antecedentes en la Ciudad de México, actuando en total opacidad y de manera ilegal, ya que a pesar de haber subsanado las faltas administrativas menores, no causales de clausura". No lograron seguir trabajando.
Con las nuevas normas ya no pudieron competir para obtener las licencias correspondientes y con ello al menos 20 personas por verificentro se quedaron sin un trabajo, afirmó.
A pesar de ello declaró que tienen la capacidad para operar nuevamente; tendrían que hacer una inversión para tener las tecnologías, pero están dispuestos a hacerlo.
En la ley antes referida se precisa que la secretaría podrá determinar las tarifas de los servicios, integrar un registro de centros y obtener un informe de datos de estos negocios.
