Las medidas que se adopten tras la activación de la Alerta de la Violencia de Género no serán suficientes ni modificarán la situación, si no se plantean indicadores para monitorear los avances, el cumplimiento y la evaluación de las acciones propuestas, opinó Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla. La Secretaría de Gobernación Federal decretó la alerta de género en 50 municipios del estado, mecanismo que incluye una serie de acciones de carácter urgente para enfrentar y erradicar el feminicidio en el territorio, así como garantizar la protección de los derechos de las mujeres. La académica de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla señaló que la importancia de declarar la alerta en Puebla es primero reconocer que existe un fenómeno sistemático de violencia feminicida, así como reconocer que las medidas que ha determinado el Estado a través de las instancias de atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres no han sido efectivas. Arrambide González exhortó a activar medidas emergentes para erradicar la violencia contra las mujeres. "Decretar la alerta de género es declarar un estado de emergencia frente a la violencia hacia las mujeres; por lo que implica que se adopten el máximo de las medidas disponibles para hacer frente a la violencia". Lee: Congreso presenta reformas de Ley a favor de las mujeresEn cuanto a la actuación de la sociedad civil, la académica sugirió a los ciudadanos estar fiscalizando la actuación de las autoridades, que son las encargadas de adoptar medidas de prevención, investigación y de sanción. "Si no existe una adecuada fiscalización, van a seguir casos que no están siendo atendidos adecuadamente, que no se están emitiendo órdenes de protección y a las mujeres se les está colocando en situación de riesgo". Mencionó la importancia de la capacitación no solo a servidores públicos, sino a la sociedad en general; en la medida en que no se dé una capacitación que tienda a concientizar sobre la deconstrucción de los roles de género. Considera que gran parte del problema radica en la impunidad estatal, la impunidad social frente a la violencia contra las mujeres, pues cuando las mujeres denuncian no son atendidas adecuadamente y no se les emiten órdenes de protección, cuando toda denuncia de violencia contra la mujer, dijo, tiene que ir acompañada de una orden de protección. |