Académicos de la Iberoamericana y la BUAP ven un riesgo político en la pretensión de destituir o remover a Claudia Rivera Vivanco de la presidencia municipal de Puebla, además de que exhibe un ánimo de revancha y no de rendición de cuentas. Miguel Calderón Chelius, de la Ibero, explicó que si se concreta una acción contra la alcaldesa será una señal de que nada cambió después del 2 de junio. "Ésa es una ruta muy peligrosa, ya la vivimos y se llamó morenovallismo; me parece un error que se reeditara esta forma autoritaria de gobernar," manifestó. Insistió en que es una salida autoritaria pedirle que se vaya o destituirla, cuando ante las deficiencias de gobierno son los ciudadanos los que deben exigir que rinda cuentas. Calderón Chelius comentó que el gobierno municipal no ha estado a la altura de las expectativas de una administración de izquierda, que implica una forma distinta de ejercer el poder, a partir de una visión transformadora.
Expresó que tardaron en "acomodarse" además de que continuaron con "inercias", que impidieron delineara claramente su rumbo. "Todo mundo sabe que hay un montón de problemas en el municipio, que el gobierno no ha cumplido y no ha estado a la altura, pero hay que exigírselo," dijo. "Pero no sólo el gobierno del estado debe exigirlo, hay que exigírselo desde la ciudadanía; y en todo caso quien la debe remover es el electorado en la próxima elección municipal," agregó. Hizo énfasis en que el gobernador en funciones o el entrante no es jefe de la alcaldesa y no hay motivos para que quiera subordinarla. Expuso que sí existe la posibilidad de que el próximo mandatario controle el Cabildo y la destituyan, pero insistió en que es una salida autoritaria. 
Responsabilizan a Rivera Hervey Rivera, académico de la Facultad de Derecho de la BUAP, aseguró que hay grupos que pretender cargar toda la responsabilidad de los resultados electorales en la ciudad de Puebla al desempeño de Claudia Rivera, aunque la razón de peso sea venganza política. Admitió que en el gobierno municipal hay una curva de aprendizaje que se prolongó pero que los ciudadanos no se conformaron con la justificación, ni con la de que heredaron un desastre, ya que las expectativas fueron altas. Pero en el caso de la ciudad de Puebla, refirió, la gente no salió a votar en contra de un gobierno, por el mal desempeño de Claudia Rivera, sino que se abstuvo. Incluso, sostuvo, si hay un responsable de los resultados es el partido y el equipo de campaña del candidato, y no se debe trasladar el costo a una figura que por ley estuvo impedida a participar activamente en la campaña. Rivera manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia atribuyó el abstencionismo a las campañas o a los candidatos. "Considero que sí (es en realidad una venganza) y que falta mucha autocrítica, y de todos, no sólo del equipo triunfante, sino también de los municipios donde obtuvieron malos resultados," expresó. El académico de la BUAP aseguró que Claudia Rivera sí hizo un mea culpa al relanzar su administración y dar un plazo de dos meses a sus funcionarios para entregar resultados, en una estrategia para contrarrestar cualquier maniobra en su contra. Sostuvo que de fondo puede existir un ánimo de revancha contra Rivera Vivanco por su posición política, primero desde finales de 2018 y después en apoyo a Alejandro Armenta. "Quizá fue un error de la presidenta municipal manifestar sus posiciones políticas, aunque es un derecho como ciudadana; sin embargo, dada la complejidad de la época, su abierta posición considero que debió replantearse," dijo.
Argumentos legales Ricardo Fernández Fuentes, especialista en derecho constitucional y amparo de la Facultad de Derecho de la UPAEP, explicó que la Ley Orgánica Municipal sí establece causales para sancionar el mal desempeño de un integrante del Ayuntamiento, que pueden derivar en la destitución del cargo. Expresó que los lineamientos para aplicarlo se concentran en los artículos 56 y 59 de la norma de referencia, que establece como motivos la incapacidad legal, faltas reiteradas a sus funciones y hasta por incumplimiento en sus funciones. "Pero el artículo que más se apega para poder lograr la revocación del mandato es el artículo 59 en la fracción sexta, que nos dice a la letra: cualquier otro acto u omisión que por afectar derechos o intereses de la comunidad, que alteren el orden público o la tranquilidad del municipio," pronunció. "En este caso me parece que en el municipio de Puebla ya hay intranquilidad porque hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad, y ésa podría ser una causal suficiente para que el Congreso pudiera analizar la revocación del mandato," dijo Fernández Fuentes. El investigador de la UPAEP manifestó que si se considera la estadística del incremento de la inseguridad de diciembre de 2018 hasta junio de 2019, hay un alza de las actividades delincuenciales y, en consecuencia, motivos para que los diputados la separen del cargo. Ricardo Fernández añadió que una acción de esa naturaleza aplicaría exclusivamente en la figura de la presidenta municipal y no del resto de los miembros del Cabildo. El académico admitió que en caso de que procediera la destitución de la alcaldesa, iniciaría un procedimiento similar al que ocurrió en 2016, cuando el entonces edil Antonio Gali Fayad pidió licencia para competir por la candidatura al gobierno del estado. Expresó que sería el Congreso local quien defina, a partir de una terna, a la presidenta o alcalde que sustituya a Claudia Rivera. |
