Sin fecha para sacar a Agua de Puebla

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco admitió que no hay una fecha definida o incluso se podría aplazar hasta el próximo año, la municipalización del servicio de agua en la capital.

Señaló que se trata de un tema jurídico complejo que se alargará hasta contar con los suficientes elementos para proceder a la revocación del contrato de Agua de Puebla.

Rivera Vivanco, manifestó que pedirá al gobernador electo, Luis Miguel Barbosa, trabajar en el tema, incluso pedirá la intervención de la federación a través de Conagua para apoyar en resolver el tema der la concesión.

"Lo vamos a estar trabajando, es un tema que se va a hacer en conjunto por eso he dicho que lo hemos dicho de manera coordinada con Congreso y ahora con el nuevo gobierno, vamos a tener una mesa de trabajo con Conagua".

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Indicó que el tema también está en cancha del Congreso del Estado, ya que se requiere la intervención de todos los sectores incluso de activistas.

"El tema tiene muchas complicaciones jurídicas pero no lo hemos soltado, daremos solución pero con bases sólidas".

Dijo que están trabajando en acciones que van dirigidas a lograr la remunicipalización, al enfatizar que la empresa está en quebró y se encuentra en total opacidad.

"No lo hemos dejado de hacer, desafortunadamente el título en el que esta articulado está regido por un consejo donde participa el estado y municipio, no tenemos las facultades completas para tomar la decisión de un OPD derivado de las modificaciones de ley".

Rivera Vivanco aseguró que no hay ningún riesgo para el municipio el hacerse cargo del servicio de agua potable debido a que se está haciendo un análisis profundo y responsable para no cometer errores.

La Comisión Transitoria del Ayuntamiento de Puebla, ha recabado elementos para cancelar el contrato de concesión por comprobarse un incumplimiento de contrato, cobros irregulares y cortes de agua para presionar a los ciudadanos.

El estudio jurídico ha tratado de buscar una forma de evadir una indemnización de hasta 2 mil millones de pesos, que se tendrían que erogar para cancelar el contrato.