Detenidas, víctimas de tortura sexual

Los organismos de derechos humanos, como la Comisión Nacional (CNDH) y las comisiones estatales, explicó, registran los casos de tortura sexual bajo el amplio espectro de violencia sexual, lo que impide a organizaciones como el Centro ProDH y los mecanismos internacionales tener cifras confiables sobre la gravedad del problema, lo que se suma a la de por sí difícil situación de las mujeres denunciantes.

"Es muy difícil para una mujer hablar sobre tortura y sobre tortura sexual, pues uno de los objetivos es callarlas," comentó sobre los miles de casos que aún no tienen acompañamiento, incluso en estados donde más se presentan denuncias por violación sexual -diferente de la tortura-: Tabasco, Chihuahua y Coahuila. Actualmente, el Centro ProDH da seguimiento a 110 casos de mujeres sometidas a tortura sexual, solicitudes de asesoría que se han acumulado en sólo tres años.

Compartió que existe la campaña "Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual", iniciativa impulsada, entre otras, por las sobrevivientes del caso Atenco e Inés y Valentina, dos mujeres de la montaña de Guerrero víctimas de tortura por parte de elementos del Ejército.

También puedes leer: Cronología: El caso de Lydia Cacho contra Mario Marín

Lo anterior surgió en el marco de la mesa de análisis "La Tortura en México", con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, donde también se dieron cita la Red Nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE), para presentar el informe de la sociedad civil y las recomendaciones a México del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

Uno de los casos que fue expuesto ante el Comité de la ONU fue el de Mónica Esparza, de 34 años, quien permanece detenida desde hace seis años, en última instancia en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (Cefereso 16), en Morelos. Fue privada de su libertad junto con su esposo y su hermano el 17 de mayo de 2013 por la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, durante 14 horas, tiempo en el que los tres sufrieron tortura sexual. Su pareja, producto de la práctica, falleció frente a sus ojos cuando eran trasladados a la Procuraduría General de la República (PGR) en Torreón.

Los cargos que se le imputan son por secuestro y posesión de cartuchos y armas de uso exclusivo del Ejército; sin embargo -apuntó-, todas las pruebas que sustentan la acusación son pruebas ilícitas o producto de una violación a los derechos humanos. "Más allá de eso, no hay nada que la vincule" y representa, por sí sola, el caso de muchas mujeres en todo el país que son sometidas a prácticas similares. "No tenemos los datos para decir que la práctica de la tortura es sistemática o generalizada en México," pero con las que tenemos es más que evidente.

El 17 de mayo, el gobierno federal recibió y tomó nota de las 98 recomendaciones emitidas por el Comité de las Organizaciones de las Naciones Unidas contra la Tortura, luego del séptimo informe de México sobre la sustentación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tuvo lugar en Ginebra durante el mes de abril.