El embarazo adolescente, refiere el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Prevención, está estrechamente ligado al abandono escolar, lo que trae consigo la pérdida de oportunidades para el desarrollo personal de las mujeres y el acceso a una mejor calidad de vida.

En 2018, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) del Inegi indicaba que 7.6 por ciento de las mujeres entre 15 y 34 años dejaron la escuela porque se embarazaron o tuvieron un hijo; mientras que un fenómeno relacionado, el que sus padres no las dejen estudiar o que tengan que dedicarse a los quehaceres del hogar, representó 2.6 por ciento de los casos.

En 2014 las cifras no eran muy disímiles: 7.0 y 3.3 por ciento, respectivamente, una situación que como menciona la coordinadora juvenil de Ddeser, es normalizada por sociedad y gobierno, toda vez que ignoran los contextos de precariedad y violencia en los que se desenvuelven estas mujeres.

“La mayoría de las veces las acciones de gobierno se centran en brindar información a los jóvenes, hablarles de métodos e incluso de darles talleres sobre plan de vida o el manejo de sus emociones, pero no es la única manera de atender esta problemática. Mucho menos cuando hay causas estructurales de fondo,” menciona al referirse a los casos de las adolescentes con las que trabaja, que ya tienen uno o dos hijos, y que probablemente terminen haciéndose cargo de sus hermanos o de la casa mientras están embarazadas, e incluso después; así como a las niñas que acompaña la organización en su proceso de interrupción, y que son niñas que sufrieron violencia sexual, generalmente por parte de familiares.

No todas tienen la libertad de decidir

“Existe en principio una condición de desigualdad, pero lo vería más como una serie de limitantes hacia los servicios más básicos, y sobre todo al acceso a la información libre de prejuicios.”

Todas las mujeres adolescentes deberían tener la posibilidad —agrega— de acudir a alguno de los servicios amigables del Estado para hacerse de un método anticonceptivo o comprarlo; continuar con el proceso en las mejores condiciones —con las reservas de lo que significa que una menor de 15 años así lo decida—; o que de manera informada se inclinen por interrumpir su embarazo, ya sea por las causales que prevé la ley local o que tengan la oportunidad de acudir a los servicios legales en la Ciudad de México.

“Qué otra posibilidad podría tener una mujer embarazada adolescente, que no sea la de continuar con el proceso.” 

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