Agencia Enfoque | Puebla tiene una población penitenciaria de 7 mil 360 reclusos Al capital privado sólo le importan los resultados en centros penitenciarios
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A pesar que el modelo de la iniciativa privada en cárceles no muestra buenos resultados, el gobernador Miguel Barbosa Huerta desea instalarlo en Puebla
El informe de las organizaciones civiles de 2016 Privatización del Sistema Penitenciario en México, revela el modelo impulsado por el expresidente Felipe Calderón —y continuado con Enrique Peña Nieto— de construir cada vez más cárceles con participación de privados, no ha funcionado. Un modelo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta desea instalar en Puebla.
En lugar de privilegiar medidas alternativas, se optó por la inversión privada, con base en esquemas de Contratación de Prestación de Servicios (CPS), con el que se concluyeron ocho Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria (Cevasep) I y II de la Ciudad de México.
Este esquema, que incluye servicios como lavanderías, comedores y mantenimiento —dejando fuera los rubros de seguridad y custodia—, contempla que la empresa gestione el centro hasta por tres décadas, cuando finalmente traspase la administración integral al Estado.
Una de las principales justificaciones que se utilizaron para adoptar este modelo fue que el sector privado contaba con “más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento a los reclusos”. Con ello se contribuiría a la reinserción de las personas privadas de la libertad, con menores costos económicos y sociales, evitando la reincidencia, los motines y las fugas.
Sin embargo, este modelo escondía su verdadero carácter: “Para un sistema privado lo que importa son los resultados, no el proceso,” asegura una de las organizaciones coautoras.
Lee: Puebla va por inversión privada en centros penitenciariosUna lógica de mercado
Las decisiones de política pública, indica el informe, se contaminaron con los intereses económicos. Prueba de ello fue la construcción del Cefereso número 16 de Morelos, el primero exclusivamente femenil, a donde se trasladaron en su momento a todas las mujeres privadas de la libertad del fuero federal, sin tomar en cuenta el derecho a ser encarcelado en el lugar más cercano al domicilio de la persona, en donde no se le desvincule de la vida familiar y en donde pueda tener acceso a una defensa adecuada.
Este movimiento tuvo entonces una lógica estrictamente de mercado, pues las empresas cobran una cuota de mantenimiento al Estado por cada lugar disponible, por lo que a éste le conviene llenar estos centros, generalmente sin la autorización previa de un juez de ejecución penal, la única autoridad competente en la materia.
Si Puebla tiene una población penitenciaria de 7 mil 360 reclusos y los cinco nuevos centros tendrán una capacidad conjunta para 8 mil internos, los riesgos de un traslado masivo son evidentes.
La lógica empresarial suele manifestarse también en el tamaño de las cárceles y la instalación de equipos sofisticados, decisiones que generan otros problemas como la insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir la extensión de los centros. Esto ocasiona, por ejemplo, que se restrinja la movilidad de los internos, quienes pueden permanecer en áreas cerradas por periodos de hasta 23 horas.
Ni las expectativas mínimas
En el Informe Sombra a las recomendaciones del Comité contra la Tortura para México, las organizaciones civiles señalaron que el modelo no respondió favorablemente a las expectativas, pues fue en los CPS donde se registraron más riñas y de los que se recibieron más quejas en 2015, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH: 264 casos de riñas en los CPS números 12 y 13; y 310 quejas provenientes de los CPS números 12 y 16, que representaron 54 por ciento del total.
En términos económicos, ni siquiera cumplió con la reducción del costo diario por preso, de 690 a 230 pesos.
