A pesar de los diversos estudios que concluyen que la entrada de la inversión privada al Sistema Penitenciario no mejora las condiciones de las personas privadas de libertad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó en los pasados días que planea construir cinco grandes reclusorios: cuatro regionales con capacidad para mil personas, y uno metropolitano mil internos.

Iliana Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), afirma que se necesita un diagnóstico claro de los centros penitenciarios: “No podemos seguir señalando que existen carencias o vacíos en cuanto a infraestructura o programas, si no tenemos un buen enfoque diferencial.”

Explicó que se debe tomar en cuenta la composición demográfica de los centros penitenciarios y las personas privadas de libertad, pues no sería lo mismo hablar de hombres que de mujeres —que suelen estar menos representadas en los penales mixtos—, o de personas sentenciadas o procesadas. Esta última, una figura jurídica que comenzó a utilizarse con mayor frecuencia desde que inició la guerra contra el narcotráfico.

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Los diagnósticos nacionales

En su último Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) describe las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión del país, que en promedio obtuvieron una calificación de 6.45.

La media de las 14 instituciones penitenciarias visitadas en Puebla fue 6.05 (21, en el ranking nacional), a tres lugares de los estados “reprobados” en materia penitenciaria y muy lejos de los casos con mejor desempeño: Guanajuato (8.21), Querétaro (8.21) y Coahuila (8.01).

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez es el penal mejor evaluado (8.14), situación que contrasta con el del Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco, ubicado en el último lugar (4.79) y con una tendencia a la baja. La situación general del sistema penitenciario poblano, salvo un par de casos excepcionales, ha venido empeorando desde 2016.

Con capacidad para sólo 136 hombres —no mujeres—, el penal de Tecamachalco tiene una sobrepoblación de 177 personas privadas de libertad, a las que se suman cuatro reclusas, para las que no existen las condiciones adecuadas de recepción. Hacinamiento, deficientes condiciones materiales y de higiene en las celdas, el área médica, la cocina y los talleres y las áreas deportivas, además de insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de cobros, son sólo algunos de los rubros que necesitan atención urgente.

Suicidios, quejas e incidentes

El sistema penitenciario de Puebla se destaca por dos elementos: el número de quejas e incidentes es de 438, lo que lo coloca en el segundo lugar después de la Ciudad de México; y la cantidad de suicidios (6) en el primer lugar, que comparte con el estado de Jalisco, lo que significa que cuatro de cada diez suicidios a nivel nacional ocurren en estas dos entidades.

La Universidad Iberoamericana, al presentar su Agenda Institucional en presencia del gobernador Barbosa, identificó algunos de los problemas de los Ceresos. Siete de éstos obtuvieron calificaciones reprobatorias, y en la mayoría existe cogobierno y autogobierno, principalmente en los de Puebla, Cholula y Huauchinango.

A lo anterior se suma el aumento de la prisión preventiva —32 por ciento más de 2017 a 2018, según refiere la Secretaría de Seguridad Pública— y el hecho de que en materia de justicia penal, como la efectividad en la procuración e impartición de justicia y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, se tenga la tercera peor calificación (0.31) de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México, sólo por detrás de Veracruz y Guerrero.