Se impondrán penas de 3 a 5 años de prisión a quienes operen el servicio de transporte público sin la concesión autorizada o de manera ilegal. Así lo propuso el diputado sin partido Jonathan Collantes Cabañas en sesión ordinaria ante el Pleno del Congreso de Puebla. La iniciativa del legislador consiste en reformar el primer párrafo del artículo 190 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. En su exposición argumentó que durante el primer cuatrimestre de este año fallecieron en el país 927 personas en accidentes viales; de este total, 769 fueron peatones, 150 ciclistas, uno viajaba en monopatín y en 7 casos no se determinó la naturaleza de su deceso. Agregó que en el estado de Puebla, del 1 de enero al 30 de abril de 2019 murieron un total de 57 peatones y ciclistas durante accidentes viales, debido a la imprudencia de los conductores y en algunos casos a la falta de educación vial de las personas; lo que ha colocado a nuestra entidad como el cuarto estado del país con mayor número de atropellamientos mortales por encima de Veracruz, el cual cuenta con 50 casos. Puedes leer: Grupos en redes sociales ocasionan baja en violaciones de tránsito En el primer lugar de muertes por accidentes viales se ubica el Estado de México con 72 muertes, la Ciudad de México con 63 ocupa la segunda posición y Guanajuato el tercer rubro con 60 muertes, reveló Collantes Cabañas. Mientras que la capital poblana suma 22 accidentes mortales de peatones y ciclistas. Hecha la modificación, la sanción será la siguiente: el conductor que no cuente con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente y preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, se le impondrán de 3 a 5 años de prisión, multa de 300 a 500 días de salario y la suspensión de licencia para conducir vehículos de 1 a 5 años. En caso de que el chófer vuelva a ser sorprendido violando el reglamento se podrá castigar con la pena de prisión correspondiente y se impondrá la suspensión definitiva de la licencia de conducir, con el objetivo de disminuir el transporte público ilegal o pirata. La propuesta se turnó a la Comisión de Transporte del Congreso del Estado de Puebla para su análisis y su posible aprobación.
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