Después del 24 de diciembre del 2018, cuando se precipitó el helicóptero hubo una gran actividad de los cuerpos de Seguridad del gobierno estatal y federal, quienes realizaron peritajes e investigaciones que se extendieron por varias hectáreas donde se había terminado de cosechar el maíz.

En su mayoría estos terrenos pertenecen a vecinos de Coronango, quienes comúnmente contratan trabajadores para la cosecha. Algunos de estos trabajadores vieron la aeronave desplomarse aproximadamente a las 14:30 horas de ese 24 de diciembre, y se acercaron al lugar donde cayó el helicóptero para saber lo que había sucedido. Más tarde todos fueron retirados por la Policía Estatal.

Existió una controversia debido a que una persona que se dijo dueña del terreno donde se estrelló el helicóptero exigió una remuneración económica por los daños a su propiedad, pero más adelante se supo que los propietarios de estas hectáreas son una familia que ha preferido no revelar ninguna información. Trabajadores constatan que después de las investigaciones y el retiro de las partes del helicóptero quedó un agujero en la tierra de tres metros de profundidad y tres metros de diámetro.