Denuncian extorsiones en Romero Vargas por uso de predios
Denuncian que son al menos 200 hectáreas las que el comisariado ejidal controla para cobrar cuotas ilegales
Dos comisariados ejidales de la junta auxiliar de Romero Vargas, se están aprovechando de la falta de regularización de cinco colonias, para extorsionar a 5 mil familias con cobros indebidos por el uso de predios comerciales y habitacionales. Uno de los grupos, pertenece a la familia Vera Báez, quienes exigen cobros de 6 mil y hasta 5 millones de pesos por los asentamientos del lugar. Son más de 25 mil familias que habitan las colonias Santa Cruz Buenavista, La Loma, La Cañada, Guadalupe y Alberto de la Fuente, las que se ven afectadas porque ninguna instancia federal, estatal o municipal ha regularizado estas demarcaciones. En conferencia de prensa, Juan de Dios Rosales, secretario del Comité Pro Regularización del Ejido Romero Vargas, denunció que son al menos 200 hectáreas las que el comisariado ejidal controla para cobrar cuotas ilegales. Indicó que mediante amenazas y grupos de choque contratados por la familia Vera Báez, obligan a los ciudadanos a pagar, de lo contrario, interponen denuncias en su contra para despojarlos de sus propiedades. Detalló que estos personajes, llegan a cobrar desde 500 hasta 6 mil pesos si se trata de un asentamiento habitacional, sin embargo, si son empresas o comercios asentados en este territorio, los cobros van de los 500 mil y hasta 5 millones de pesos. “Estamos cansados de los abusos de los dos grupos que se disputan este coto de poder. La intención es hacer dinero a costa de las 5 mil familias que habitan estas colonias y si no acceden a sus extorsiones, simplemente los despojan de sus propiedades”, dijo. En este este sentido, el representante de los afectados, afirmó que por falta de certeza jurídica al no estar regularizadas las colonias, estos grupos se aprovechan de ello para entregar minutas ejidales a costa de cobros. También puedes leer: Tiradero de Chiltepeque, piedra en el zapato ambientalPor lo anterior, exigieron al gobierno federal a través de instancias como Corett, INSUS y la Procuraduría Agraria, así como al gobierno estatal y al Ayuntamiento de Puebla, la restitución de los terrenos para que sean regularizados a favor de las autoridades. De no hacerlo, de manera inmediata, consideró que hay un riesgo grave de generarse un enfrentamiento violento entre los vecinos y quienes se apropiaron del poder en la junta auxiliar.
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