Integrantes de la Federación de Comerciantes, Prestadores de Servicios y Colonos del Estado de Puebla (FECOPSE) no pagarán ni un solo permiso que les otorgue autorización para la venta de bebidas embriagantes en mercados municipales. Lo anterior, porque señalaron que esta administración trata de convertir a los centros de abasto municipales y de apoyo en cantinas, además, de que el cobro por las licencias es un negocio del propio Ayuntamiento de Puebla. El presidente de la federación, Eduardo Escalona Mendoza que agrupa a 5 mil locatarios de mercados en todo el estado, aseguró que desde hace 30 años, no existe una reglamentación para la venta de bebidas alcohólicas, por lo que tampoco en la actual. Argumentó que desde un principio, los locatarios han sido los que han solicitado a Gobernación Municipal el cierre de negocios que se dedican a la venta de estos productos exclusivamente, no así de las cocinas, restaurantes y marisquerías porque su licencia así lo permite. “Desde la administración de Luis Paredes, en los mercados municipales se permitió tolerancia a la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes, porque no hay ninguna reglamentación interna en los mercados”, expresó. También puedes leer: Descalifican 99 contratos de obras públicas de pasadas administracionesAseguró que ahora la administración de Claudia Rivera quiere convertir en cantinas los mercados, pues en lugar de regularizar esta actividad como lo pretenden, están abriendo la puerta a la proliferación de este tipo de espacios. “Nosotros fuimos los que denunciamos la presencia de negocios ilegales con venta de alcohol, es decir, no son restaurantes ni comida, son cantinas. Pero en lugar de proceder en su contra, cerraron nuestros comercios”, dijo. Admitió que en su caso, si estaba operando su espacio de comida sin licencia con venta de bebidas en envase cerrado, situación que no es nueva porque no lo impide el reglamento interno de los centros de abasto. El líder de la FECOPSE aseguró que el interés de obligarlos a pagar unas licencias, es un fin económico para enriquecer a la administración, pues quieren obligarlos a pagar un permiso hasta por 40 mil pesos aun cuando no está reglamentado. Al final, sentenció que ninguno de los locatarios permitirá la proliferación de estos negocios y mucho menos pagarán esta cantidad de dinero a la autoridad, aunque las clausuras se mantengan el tiempo que sea.
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