Puebla, 4to estado con más agresiones contra activistas ambientales

De 2012 a 2018, de acuerdo con el último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se registraron 47 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en la entidad, lo que la coloca en el cuarto lugar nacional por agresiones que van desde amenazas, intimidación y criminalización, hasta violencia física y asesinatos derivados de su labor comunitaria. 

Sólo le anteceden los estados de Oaxaca, con 79 ataques reportados, Sonora, con 49, y el Estado de México, con 48; en total, en estos siete años tuvieron lugar al menos 499 agresiones en todo el país, con los picos más altos en 2015 y 2016, en el contexto de la implementación de la reforma al sector energético.

Esta reforma, explica el Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, derivó en la ejecución de diversos megaproyectos en todo el país, como gasoductos, explotaciones petroleras, de energía renovable y plantas geotérmicas, además del despojo de territorios indígenas —quienes manejan colectivamente el 80% de los bosques y selvas del país—, y la extracción de bienes naturales como el agua.

También lee: Gobierno del estado lanzará licitación para 48 nuevos verificentros

En el 2019, sin embargo, Puebla se ubicó como el segundo estado con más ataques registrados, con cuatro eventos de esta naturaleza, siendo precedido únicamente por Oaxaca, con seis agresiones ocurridas.

Cabe recordar el caso más reciente del uso de la fuerza del estado en contra de un defensor ambiental, Miguel López Vega, quien fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y posteriormente liberado por falta de pruebas.

Defender el medioambiente, concluye el informe presentado el pasado 17 de marzo en el Centro Prodh, no debe convertirse en “una sentencia de muerte”, por lo que el CMDA emitIó además una serie de recomendaciones para garantizar la integridad y la vida de las personas defensoras.

Destacan las referentes al reconocimiento de la labor de estas personas y su derecho a defender los derechos humanos; garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y comunidades; y la investigación y sanción de quienes violenten a las personas defensoras.