Pacientes en psiquiátricos merecen trato digno durante pandemia: Documenta AC

La CNDH señaló una serie de carencias al interior del Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano”, ubicado en la ciudad de Puebla.

Luego de la suspensión de pleno concedida por un juez de la Ciudad de México para que el gobierno federal implemente acciones que protejan la vida, la salud y los derechos de las personas internadas en hospitales psiquiátricos, la organización Documenta AC solicitó a las autoridades responsables pronunciarse respecto de la situación en la que se encuentra esta población “en alta vulnerabilidad de contagio”.

Las medidas a las que hizo referencia el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, Germán Cruz Silva, deberán aplicarse en los 39 hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud, incluyendo el que se encuentra en el estado de Puebla.

En su último informe en la materia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentaba una serie de carencias al interior del Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano”, mejor conocido como “El Batán”, ubicado en la ciudad de Puebla y dependiente de la Secretaría de Salud del Estado.

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Entre las insuficiencias se encuentran inadecuadas condiciones de las instalaciones, irregularidades en la comunicación de los pacientes con el exterior, omisión de aviso al Ministerio Público en caso de ingresos involuntarios, falta de protección a la salud, insuficiencia de personal de seguridad, e inexistencia de reglamentos y manuales.

Se registraron al menos seis quejas ante la CNDH en contra de este hospital psiquiátrico, mismas que se han clasificado como tortura.

De ahí que el juez Cruz Silva haya concedido la suspensión de pleno para que las autoridades sanitarias protejan el derecho humano a la salud de las personas internadas en los psiquiátricos de todo el país; garantizando en todo momento su higiene personal y la limpieza de los espacios; las medidas de sana distancia y la realización de pruebas de Covid-19 con consentimiento de los pacientes; y la implementación de los protocolos de seguridad que dicta la Secretaría de Salud.

De igual forma, garantizar el apoyo psicoemocional a los internos, prevenir los ingresos involuntarios, facilitar el contacto de las personas internadas con el exterior a través de llamadas telefónicas o videollamadas; y especialmente, ofrecer toda la información necesaria sobre la pandemia a las personas internadas y sus familias.


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