Destaca lo estipulado en el artículo 47 acerca de la organización de consultas libres e informadas sobre las medidas que se requiera implementar en materia educativa en los pueblos originarios.

El apartado establece que las consultas serán con base en las disposiciones legales nacionales e internacionales, pero garantizando el respeto a la autodeterminación según consta en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Otra diferencia notable entre la ley aprobada y la anterior, es que ofrece por ley el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

También se otorgó reconocimiento a migrantes y jornaleros agrícolas dentro de este sector poblacional, para que sea atendido.

Las acciones que ahora deberán cumplirse por ley quedaron contenidas en el artículo 48 como fortalecer las escuelas de educación indígena, centros educativos integrales, albergues, y particularmente su conectividad.

También, según su redacción, los programas deberán reconocer la herencia cultural de los pueblos y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento.

Prevé como obligación distribuir libros de texto en las lenguas que se hablan en la entidad.

En cuanto a la base magisterial, se legalizó el fortalecimiento de las instituciones públicas dedicadas a la formación docente y a la adscripción de maestros en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen.

Los planes y programas, ahora, de acuerdo a la nueva ley, deberán tomar previamente en consideración los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de recuperar expresiones y prácticas culturales.

“Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe,” se estipuló en el marco normativo.

De igual forma, se promoverá el intercambio de estudiantes indígenas tanto a nivel nacional como internacional, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas que cohabitan en Puebla.

El Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) reconoce que en la entidad hay siete etnias: nahuas, totonacas, n´giwa, mazatecos, otomíes, mixtecos y tepehuas, con mayor presencia en la Sierra Norte y Nororiental, aunque también en la Sierra Negra y el Valle de Puebla.

La Ley de Egresos para el Estado de Puebla para el ejercicio 2020 estableció por primera vez un presupuesto transversal para las comunidades, en el que se incluyeron fondos para el sector educativo.

En total, 25 mil millones de pesos tendrían impacto en las comunidades indígenas para enfrentar “la disminución de desigualdades”, entre las que se incluyeron acciones educativas.