El gobernador del estado Miguel Barbosa aseguró que el Consorcio Universitario de Puebla recibía canonjías de los gobiernos en administraciones pasadas; esto al defender la Ley de Educación Estatal, norma que, de acuerdo con las instituciones educativas, es un intento de intervenir a las escuelas privadas.

A través de sus redes sociales, el mandatario poblano hizo un llamado a los representantes de las universidades privadas a mirar por la educación y no por sus intereses económicos. 

El Congreso de Puebla aprobó el pasado 15 de mayo una ley sobre materia educativa, la cual fue impulsada por los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia.

En ella se establece que las escuelas privadas ya no podrán retener los documentos particulares y académicos de los alumnos por falta de pago, ni tampoco podrán condicionar a los padres de familia a comprar los uniformes en algún establecimiento específico. También impide a las escuelas llevar el nombre de algún político o los colores del gobierno, pues deberán ser neutras. Además, el artículo 105 indica que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares en Puebla pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal. 

El mandatario argumentó en la red social que “el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país”.

La ley contempla que se permita investigar los aumentos a las cuotas particulares, prohíbe condicionar la compra de uniformes o materiales, obliga a las instituciones a colaborar en esquemas de fiscalización que deberán ser aprobados por la Secretaría de Educación Publica (SEP) si algún padre de familia lo requiere, y señala que los planes de estudio de las escuelas particulares deberán ser aprobados previamente por el gobierno estatal.

Las sanciones van desde los 440 mil hasta los 870 mil pesos, dependiendo de las faltas, y se podrán revocar los permisos de funcionamiento de la institución si se considera que se ha incumplido con el reglamento.