Suprema Corte revisará Ley de Educación: Monreal

Señaló que se trató de una mala armonización con una disposición nacional, por lo que deberá ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que la Ley de Educación de Puebla representa una “armonización indebida” de la legislación federal y no refleja el espíritu de la Constitución general, por lo que deberá ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Tengo mis dudas respecto de la armonización de esta ley, respecto del patrimonio, respecto de la orientación, pero pues será revisado seguramente ante la Corte en una acción de inconstitucionalidad. Nosotros velaremos siempre por el principio legalidad,” explicó.

En conferencia de prensa virtual, el senador reiteró que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución.

La Ley Estatal de Educación aprobada en fast track por el Congreso de Puebla el 15 de mayo señala que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatales y municipales y por los particulares forman parte del Sistema Educativo Estatal.

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“Ninguna ley local puede ir en contra de la Constitución General de la República. Incluso ninguna Constitución Local puede contradecir los postulados fundamentales en la Constitución General de la República. Por eso el verdadero objetivo de la ley nacional sí fue respetar estas instituciones privadas. Sí fortalecer el papel del Estado para vigilar y mantener el orden en esas instituciones, con planes, programas y orientación del estado a no violar la Constitución en materia de principios educativos.”

Posteriormente, señaló que se trató de una mala armonización con una disposición nacional, por lo que deberá ser analizada; además, aseguró que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta está de lado de la legalidad y busca hacer progresar a México.

No se intentó, ni se intenta, ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas. No creo que sea correcto en este momento establecer estos parámetros o modificaciones legales que pueden llevarnos a seguir confrontando sectores de la población, yo no creo en eso. Me parece que debió haber sido mejor discutirla, escuchar a las instituciones privadas y no apresurar un dictamen que siempre resulta muy cuestionado en su oportunidad. No conviene apresurar estos procesos legislativos, es mi opinión personal,” señaló.