García Olmedo envía iniciativa para “corregir” Ley de Educación de Barbosa

La diputada priísta consideró que la Ley de Educación no tomó en cuenta a los actores educativos de Puebla.

Luego de una serie de críticas por académicos y directivos de instituciones privadas, la diputada Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), envió una serie de modificaciones a la Ley de Educación General de Puebla.

La Ley de Educación, aprobada el pasado 18 de mayo del 2020, obtuvo varias críticas por parte de actores educativos del estado, al considerar que se les quitaría facultades a instituciones privadas, así como una serie de mecanismos en su contra.

Rocío García Olmedo presentó una iniciativa de reforma para quitar atribuciones al Estado en cuanto a la persecución de instituciones educativas y el respeto a la autonomía de universidades.

La diputada alegó que la Ley de Educación, propuesta por el gobernador, no tomó en cuenta a los actores y especialistas en la materia, así como una consulta a la sociedad civil.

En la iniciativa de ley, la diputada priísta defendió a escuelas privadas a otorgar una educación -alineada al Sistema Educativo Nacional- pero con la libertad de establecer distintas estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas.

De la misma forma se defiende la libertad de que cada institución utilice los colores en instituciones y uniformes escolares para fines pedagógicos, y no como lo establece la Ley de Educación en el que obliga a todas las escuelas a utilizar colores neutros.

García Olmedo propuso omitir el párrafo del artículo 38, en el que establece al Estado como el rector de todas las instituciones educativas.

Así como incluir la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla y la Ley General de Educación Superior como los ejes para autoridades educativas en el estado. La ley de Barbosa sólo contemplaba la última mencionada.

También elimina el artículo 112, en el que dice que “los inmuebles destinados al servicio público educativo ofertado en los planteles públicos del sistema educativo estatal sean color neutro”.

En cuanto a las sanciones, la legisladora consideró que se elimine la especificación de “vigilar y, en su caso, sancionar” aquellas instituciones que incumplan con la Ley de Educación.

Lo anterior quitaría a la Secretaría de Educación Pública (SEP) facultades para solicitar en cualquier momento información o documentación a instituciones educativas sobre la prestación y oferta de sus servicios.

La diputada también propone eliminar: “Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para el tercer periodo ordinario, el cual se encuentra en trámite para su discusión.

 


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