Después de la entrega-recepción que concluyó la exsecretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, 26 funcionarios cercanos a ella y otros de confianza, presentaron su renuncia voluntaria s sus cargos.

Se tratan de ex servidores públicos de primer y segundo nivel que ocupaban cargos administrativos y operativos dentro de la dependencia.

Sin embargo, pese a sus renuncias voluntarias, esto no los va a eximir de ser objeto de los procesos legales correspondientes. Así lo reveló Edgar Damián Romero Sánchez, coordinador de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Puebla.

El jurídico de la Comuna confirmó que junto la salida de Beatriz Martínez Carreño, se fueron 26 funcionarios que colaboraron con ella, entre directores y jefes de departamentos.

“Aproximadamente, hasta hoy 26 renuncias de funcionarios que, derivado del proceso de destitución, deciden separarse de sus cargos públicos, vamos a realizar una auditoria profunda de las secretarías y direcciones. Las renuncias, no los exime a un servidor público responder ante las autoridades competentes”.

Indicó que los exfuncionarios que renunciaron tendrán por derecho legal defenderse o presentar todos los documentos que estuvieron a su cargo, si autorizaron licencias, firmaron documentos así como todos los trámites que aprobaron.

Romero Sánchez negó categóricamente que se le haya retenido a la exfuncionaria u obligado a llevar a cabo un proceso fuera de la ley, es más, sostuvo que si ella no hubiese cumplido con el mismo, sí caería en una irregularidad.

"Es una obligación de la servidora entregar, no de la administración, si ella se hubiera tomado más tiempo, la que hubiera ingresado en una irregularidad es la extitular. No podemos esperar que 102 millones de pesos de presupuesto, con 346 personas adscritas a la dependencia, una diligencia no iba a durar”.

En este sentido, aclaró que el proceso entrega-recepción culminó en la dependencia, destacando que al ser la más grande, se firmaron 9 mil fojas que tienen que ver con recursos humanos, financieros, materiales, tramites en las direcciones adscritas.

Además, intervinieron seis funcionarios y se estamparon 54 mil firmas en total, por lo que este trámite fue muy extenso y no porque se tratara de retener a la Martínez Carreño.

Por ello, el consejero jurídico afirmó que los señalamientos carecen de elementos por el tipo de proceso que representa entregar la administración de la dependencia.

“La extitular debe dedicarse en preparar su defensa ante la fiscalía, no en el municipio. Una diligencia es tardada porque la secretaría es de las más grandes, esa fue la razón, en el acto de entrega-recepción, no se audita, no se platean responsables, no se crean denuncias, por esta complejidad es que la diligencia, tuvo grande duración”.

Por último, destacó que ni la presidente Claudia Rivera Vivanco, ni la encargada de despacho va a presumir la comisión o no de un delito, será la Fiscalía General del Estado.