El vicepresidente Nacional de Transporte Urbano y Suburbano en el Estado de Puebla, Benjamín González, justificó que, a pesar de la pandemia del coronavirus, los concesionarios siguen pagando impuestos, infracciones e insumos, esquemas que no les ha permitido contar con la solidez financiera y remodelar las unidades del transporte público.

En octubre del 2019, los transportistas y autoridades del gobierno estatal se comprometieron a que las unidades iban a ser remodeladas, además de que contarían con medidas de seguridad.

A un año de distancia, el transportista explicó que una camioneta tipo Urban, antes de la pandemia costaba alrededor de 350 mil pesos, y ahora cuesta casi 500 mil.

“El asunto es que estamos en pandemia, no tenemos los ingresos que deberíamos de tener, pero el precio de gasolina, insumos y del parque vehicular sigue al alza, no bajaron las cosas, en cambio se incrementaron”, acusó en entrevista con El Popular, diario imparcial de Puebla.

Añadió que, a pesar del Covid-19 los concesionarios siguen pagando impuestos, infracciones y eso va en detrimento de la economía del transportista, ya que al día apenas llegan a recibir 300 pesos por unidad que esté trabajando.

“Pero sí estamos echándole ganas y estamos comprometidos en hacer los cambios de los vehículos”, dijo al tiempo de subrayar que a la fecha se calcula en un 40 por ciento de cambios de unidad.

“Estamos haciendo un esfuerzo porque si bien echarnos un compromiso de un endeudamiento es difícil, pero bueno, estamos haciéndolo”, acentuó.

Benjamín González confirmó que siguen existiendo unidades piratas, como lo son algunas de la organización Antorcha Campesina, “hace lo que quiere, y mete rutas a donde quiere, afectando a los establecidos”.

En tanto, acusó que existe también mucho “traslapamiento” en algunas rutas que ya están concesionadas por culpa de la administración pasada, que fue encabezada por Abraham Sánchez en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “se dedicó a saquear en el transporte público”.

Ante ello, indicó que como transportistas han acudido a las instancias legales, pero con lo de la pandemia, se ha retrasado mucho, “hay sentencias, pero por lógica recurren a la revisión y es un procedimiento lento, pero se hace respetar la ley”.

Evidenció que la gente de José Antonio Gali Fayad, que estuvo en la secretaría como Abraham Sánchez, y Alberto Vivas Arroyo, para ellos no existió la ley y la violaron totalmente, “por eso los amparos”.