La exsecretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño se encuentra contra la pared, luego de que un juzgado federal declaró improcedente el amparo promovido contra el Ayuntamiento de Puebla por su destitución al cargo, por presuntos actos de corrupción.

Así lo reveló el síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez, tras ser notificado sobre el fallo de la sentencia interlocutoria.

Aunque no es definitivo, el abogado del Ayuntamiento explicó que es un indicio de que la exfuncionaría no demostrará una violación a sus derechos.

En entrevista, detalló un fragmento del resolutivo del juzgado federal:

"En este orden de ideas, se concluye que no son ciertos los actos que reclama (Beatriz Martínez Carreño) toda vez que no ha demostrado la existencia de un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades y menos que en él, se hayan impuesto sanciones como la remoción de su cargo y su inhabilitación".

Castillo Pérez continuó leyendo el resolutivo del juzgado que a la letra señala:

"Su remoción derivó de la decisión de presidencia municipal de destituirla como lo marca el Artículo 91 Fracción 57 de la Ley Orgánica Municipal, y la propia quejosa (Beatriz Martínez Carreño) refiere haber renunciado al cargo al enterarse de la rueda de prensa oficial donde se anunció su destitución".

El síndico municipal reiteró que esta sentencia es interlocutoria, aunque no es definitiva, y marca la suspensión definitiva al amparo promovido por la ex funcionaría señalada de cometer presuntos actos de corrupción desde la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Explicó que esta sentencia previa permitió al juzgado hacer un análisis de que no se demostraron actos que confirmen los señalamientos de la extitular de la dependencia.

Castillo Pérez aseveró que el juzgado federal desechó los elementos acusatorios porque no pudo demostrar las acusaciones de la exfuncionaria municipal en contra de la administración de Claudia Rivera Vivanco.

"Ella argumentó su acusación en el hecho de que había un procedimiento en su contra; sin embargo, el juez no lo tomó en cuenta porque solo hay una auditoría interna, no que haya un procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra".

Destacó que una vez desahogados todos los procesos, quedará en manos del juzgado federal dictar una sentencia definitiva, la cual ésta autoridad definirá cuando se emitirá para llegar al fondo del asunto.