El segundo año de labores por parte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se vio marcado por la pandemia de Covid-19, lo que provocó que se hiciera una inversión en materia de salud; sin embargo, el combate a la inseguridad y corrupción también fueron ámbitos a destacar por parte del mandatario en el documento que envió al Congreso del Estado.

En el apartado de “Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho”, este año el gobierno de Barbosa hizo la detención de 3 mil 473 delincuentes; además desarticuló 160 bandas delictivas.

De acuerdo con el documento, Puebla se encuentra entre las 12 entidades con menos actividad delictiva a nivel país, es decir, de 872.7 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, esto dio como resultado que la entidad se coloque cinco posiciones por debajo de la media nacional.

También se hizo el equipamiento infraestructural y de servicio para el cuerpo policiaco: la operación de mil patrullas con equipo de última tecnología que fueron adquiridas en el 2019; 6 mil unidades del transporte público conectadas al C5 fundado a la implementación del Centro de Supervisión Digital y Monitoreo, y un aumento del 20 por ciento respecto al sueldo de los elementos de seguridad.

Para “Puebla en Pacto Comunitario contra el Covid-19”, el gobierno de Barbosa Huerta hizo la inversión de 2 mil 700 millones de pesos para combatir el coronavirus, ya que se hizo la reconversión de 28 hospitales, la contratación de 434 enfermeras, 189 médicos, 196 camilleros, y 93 paramédicos.

Implementó el modelo “Pacto Comunitario” con el objeto de exhortar a la ciudadanía a ser responsables para realizar una apertura responsable de las fuentes de empleo, y zonas recreativas del estado; además se habilitaron plataformas gratuitas: app “COVID PUEBLA”, “CoronAlertWhatsapp” y previenecovid19.puebla.gob.mx; la plataforma Geo, mapa interactivo que muestra el comportamiento del COVID-19 en la Entidad, y un centro de atención para personas privadas de su libertad.

También se habilitó el programa “Puebla Contigo”, donde fueron entregados casi medio millón de apoyos alimentarios e higiénicos a familias de bajos recursos en los 217 municipios.

En el de “Combate a la corrupción” detalló que se hizo investigación a 29 Notarias Públicas asignadas entre el 2011 y 2017, de las cuales 21 fueron anuladas por ser expedidas de forma irregular; en cuanto a la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) las investigaciones por anomalías en el recaudo donde no se reportaban 40 millones de pesos mensuales, dando como resultado un proceso de transición para una nueva forma de pago.

Se investigó la venta de inmuebles del gobierno del estado en administraciones pasadas, con un valor de 919 millones 880 mil 837 pesos; cabe resaltar que no se detalló el tipo bienes. También, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Gobierno del Estado presentó 12 denuncias por mil 259 millones 392 mil pesos en total ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Del mismo modo, se encontraron irregularidades en contratos de 27 obras a cargo del Comité Administrador Poblano para la Creación de Espacios Educativos (CAPCEE), por un monto de 204 millones 748 mil 610 pesos, mismas que afectaron a 928 instituciones educativas.

En “Reapertura económica responsable para alcanzar el desarrollo de Puebla", la administración encabezada por Barbosa Huerta detalló que fueron 163 obras distribuidas en 104 municipios, e iniciadas en agosto, los cuales fueron divididos en deportivo, cultural, turístico, de carretera, reconversión de hospitales,. De dichos proyectos tuvieron un costo de 3 mil 350 millones de pesos.

En los puntos de “Rescata Campo Poblano” y “Combate a la pobreza y desigualdad”, entregó subsidios del 100 por ciento de su valor, dando como resultado el beneficio de 170 mil productoras y productores del campo; e impulsó programas sociales, y el fortalecimiento de los mismos que promueven el uso de tecnologías alternativas.