Analizan alcances legales tras desalojo arbitrario del área de Atención a Migrantes

Liza Aceves López señaló que hace algunos meses el gobierno estatal envió un documento solicitando el espacio.

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La secretaria general del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López sentenció que analizarán los alcances jurídicos en contra de los responsables de realizar, sin notificación alguna y arbitrariamente, el desalojo de las oficinas del área de Atención a Migrantes que se encontraban en Centro Integral de Servicios (CIS) San Javier.

Durante el desalojo de estas oficias, que se ubican en el mismo lugar donde despacha la secretaria de Turismo del Estado, Martha Ornelas Guerrero, se manipuló papelería, materiales sensibles y datos personales.

La funcionaria aseveró que había un convenio vigente con el gobierno del Estado para usar esas instalaciones; sin embargo, este día se violó el ingreso a las oficinas rompiendo chapas, se llevaron bienes y documentación en resguardo de esta área municipal.

Destacó que hace algunos meses el gobierno estatal envió un documento solicitando el espacio, en respuesta, el Ayuntamiento pidió más tiempo. 

“Respondimos que teníamos que verlo de manera integral, porque tenemos varios asuntos con los bienes que ya sean de origen estatal o municipal que tenemos que arreglar, eso no ocurrió”.

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Aceves López precisó que lejos de actuar con civilidad, el día de ayer por la noche los responsables sacaron pertenencias de la oficina y atentaron contra documentación delicada, lo cual para la funcionaria municipal es preocupante.

“Nos preocupa el manejo de la información, de esa documentación, porque hay datos sensibles de los migrantes que nos han entregado por hacer algún trámite o apoyo del gobierno municipal”.

Aceves López dijo que está evaluando el camino legal o jurídico a seguir, así como el lugar donde operará la Dirección de Atención al Migrante.

“Lo estamos evaluado. Recibimos hoy la información de la Secretaría de Economía de manera oficial ante la Sindicatura y ante la Secretaría del Ayuntamiento. Revisaremos los alcances jurídicos y legales en cuanto hace bienes materiales de la oficina y datos que son de la ciudadanía y que fueron allanados por, suponemos, algún funcionario o de quién estará tomando el espacio. En próximos días veremos quién lo estará usando y veremos el derrotero a seguir”.

Consideró que no son las formas para actuar, mucho menos tratándose de un gobierno como lo es el Ejecutivo, además porque la oficina maneja información sensible que han proporcionado los migrantes que llegan a Puebla capital.