A casi un año de la MegaMarcha, realizada el 5 de marzo de 2020 por parte de los jóvenes universitarios, donde se exigieron diversas peticiones en materia de seguridad, como mayor resguardo en el transporte público, en la vía pública y mayor vigilancia en sedes universitarias, esto derivado al asesinado de tres estudiantes y un conductor de Uber en el municipio de Huejotzingo.

Sin embargo, las peticiones por parte del grupo estudiantil han quedado a medias e incluso algunas no se pudieron ver reflejadas al 100 por ciento por la pandemia generada por la covid-19.

Una de ellas fue la exigencia de la creación de la Fiscalía Especializada de Atención a las Comunidades Universitarias, la cual se quedó a medias y hasta la fecha, aún no es oficial.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, había declarado que esta dependencia iba a empezar a operar de manera inmediata, sin embargo, no fue así.

Incluso, la Fiscalía General del Estado de Puebla, detalló que este órgano estaría ubicado en la 7B Sur 4105, colonia Gabriel Pastor. Aunque sigue sin ser inaugurada. Cabe resaltar que esta Fiscalía pretendía atender las investigaciones por los delitos cometidos contra los estudiantes de la entidad poblana.

Otra de las peticiones que hicieron los estudiantes universitarios, fue el implementar mayor seguridad en el transporte público, además de la activación de cámaras de vigilancia en los vehículos, sin embargo, una vez más el Gobierno del Estado se quedó a medias.

Y es que solamente el 60 por ciento de las unidades de transporte público en Puebla, cuentan con cámaras de vigilancia que están conectadas al C5, esto es un total de seis mil vehículos.

La Secretaría de Movilidad, detalló que este retraso en la modernización de las unidades se debe a la pandemia por coronavirus, y que por el contrario, se planteó que para mediados de este 2021 se lleguen a las 10 mil unidades del transporte público. También, el avance con los geolocalizadores que deberían estar en las mismas, no se conoce avance alguno.

Del mismo modo, Barbosa Huerta fue quien se comprometió a incrementar el número de elementos de seguridad en la entidad poblana, sin embargo, tampoco fue posible por la pandemia.

El objetivo era contratar a 2 mil 300 policías auxiliares y estatales en el 2020, pero solo se llegó a la cifra de 200 elementos. A lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) explicó que se tenía un presupuesto establecido para incorporar al personal, sin embargo, esto iba de la mano con “capacitaciones masivas”, las cuales ya no ajustaban con respecto a la crisis sanitaria. Ahora la meta del Gobierno para este año es llegar a los 9 mil elementos policíacos.