Luego de que el Congreso local aprobó la Ley Agnes, hay otros temas que aún quedan pendientes por avalar, como la Ley de Desaparición de Personas y la despenalización del aborto, situaciones que se han ido postergando por intereses legislativos y políticos.

Por ejemplo, en cuestión a la interrupción del embarazo voluntariamente, han pasado un poco más de dos meses de los acuerdos que colectivos y diputados locales establecieron para analizar el caso, avalar el tema, sin embargo, no se ha visto voluntad para sacar adelante los acuerdos pactados el año pasado.

Incluso, no hay fechas precisas para la realización del parlamento abierto, que permita nutrir la reforma al Código Civil para la despenalización del aborto en el estado de Puebla previo a las doce semanas, respectivamente.

Entre los acuerdos se consideró que la interrupción legal del embarazo fuera aprobado antes de la primera quincena de abril de este año.

Ante tal negativa por parte del Congreso local en el sentido de evadir discutir el tema, grupos feministas han anunciado la realización de foros y conversatorios digitales, además comenzaron a difundir infografías en redes sociales sobre los alcances que tiene legalizar el derecho de las mujeres embarazadas a decidir sobre su cuerpo.

También otro tema que se encuentra en “la congeladora” legislativa, es la Ley de Desaparición de Personas, donde se establece que ese delito lo comete el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la autorización de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Incluso, desde universidades hasta organizaciones de la sociedad civil, se han pronunciado para que el Poder Legislativo aborde al respecto.

Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana de Puebla urgió al Congreso local a discutir y dictaminar la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas que fue presentada desde julio de 2020, es decir, hace siete meses.

La universidad manifestó su preocupación por los siete meses que han transcurrido desde la presentación de la iniciativa, pues refirió que la situación se agrava ante las solicitudes de licencia que múltiples diputados hicieron para contender por otros cargos de elección popular.

Dicha omisión se traduce en una barrera para que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.

En tanto, el Colectivo Voz de los Desaparecidos, pidió a los diputados mostrar interés en la problemática que se registra en la entidad por personas no localizadas y la situación angustiante que viven sus familiares.

La iniciativa la tienen los legisladores, lista para su discusión, pero durante un año la han mantenido congelada.