Ante los desperfectos que ocasionaron luego de la marcha del 8 de marzo, especialmente a las instalaciones del Congreso del estado, algunas diputadas criticaron, por una parte, el actuar de las autoridades, y por otra, el comportamiento de las mujeres.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rocío García Olmedo, comentó que las autoridades municipales y estatales no se enfocan a las demandas de fondo que plantean las marchas y las luchas, y solo responden con la criminalización de las protestas y a “echar culpas”.

“Reducir esta lucha fundamental para nosotras las mujeres al pleito que el gobierno tiene con la presidenta municipal de Puebla capital, que tristeza”, condenó.

La legisladora cuestionó que qué harán el gobernador Miguel Barbosa y la presidenta Claudia Rivera Vivanco para detener las violencias que se incrementan exponencialmente y resarcir la crisis económica que vivimos y que dificulta la vida de las mujeres.

Incluso, preguntó que qué harán para otorgar seguridad a las niñas que están siendo agredidas físicamente, sexualmente, y asesinadas en sus hogares, como el caso de la menor en Atlixco, ¿Qué van hacer como gobierno?

“Por supuesto que rechazamos los actos vandálicos de ambos lados, todas y todos perdemos con ello, pierde el movimiento amplio de mujeres, y pierde el gobierno”, reconoció García Olmedo.

Por su parte, la legisladora María Del Carmen Saavedra Fernández afirmó que, si bien las mujeres han sido acosadas y violentadas, la violencia no se resuelve con más violencia y la incitación a cometer ese tipo de actos no solo ponen en riesgo la vida de quienes cometen estos sellos, sino de las personas que se encuentran en el lugar.

“Rechazo y repruebo cualquier acto de violencia que atente contra la seguridad e integridad de cualquier persona; no podemos este caso de actos que demerite y pongan en duda una lucha que ha existido desde hace tiempo”, manifestó.

Respecto a lo sucedido a las instalaciones del Congreso, lamentó que “un grupo reducido” de personas cometan este tipo de violencias, “tenemos pruebas de que estos actos fueron incitados por la presunta participación de funcionarios públicos”, aseguró.