El ataque entre los gobiernos tanto estatal como municipal, se hizo presente desde la mañana del 8 de marzo, en primera instancia con la colocación de las vallas metálicas para restringir el acceso al primer cuadro de la ciudad con la orden autorizada por la administración del Estado, a la cual el Ayuntamiento se deslindó completamente. 

Sin embargo, el Gobierno del Estado horas después tuvo que retractarse y pedir que se retiraran las vallas metálicas que resguardaban los inmuebles del Centro Histórico, para “evitar una confrontación entre elementos del orden municipal contra estatales”. Pero dejó con toda la responsabilidad de la seguridad de la ciudad al Ayuntamiento que encabeza Claudia Rivera Vivanco.

Entre las 15:30 y 15:45 horas del 8 de marzo, los diferentes contingentes de los colectivos feministas comenzaron la marcha para exigir un alto a los feminicidios, más respeto, más derechos y una equidad de género. 

Fue ahí, donde minutos más tarde se empezaron a reportar actos de violencia principalmente en el inmueble legislativo, donde se incendió la puerta del Congreso del Estado, uno que otro vidrio roto, el la implementación de la iconoclasia, y algo que llamó bastante la atención en redes sociales fueron dos vehículos destrozados y pintados que pertenecían a un par de trabajadoras del Congreso. 

Cabe resaltar que la iconoclasia estuvo presente en las paredes de la Fiscalía General del Estado (FGE), bardas del Centro Histórico, el Congreso del Estado, la Catedral, la Fuente de San Miguel, en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Comisión de Derechos Humanos, estaciones del RUTA, y algunos suelos por donde pasó la marcha. 

Ante estos hechos, tanto el Congreso del Estado, más específicamente la presidenta de este mismo órgano convocó a una rueda de prensa donde reprobó los actos de violencia en contra del inmueble legislativo y reprochó que la policía municipal no apoyara ante esto. Asimismo, dijo que contaban con pruebas que habían “funcionarias municipales”, involucradas en estos actos y no descartó presentar denuncias. 

Minutos más tarde, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral convocó a una “rueda de prensa urgente”, donde en primera instancia comentó que se “respeta el derecho a la libre expresión, manifestación de ideas y de tránsito”, pero cuando se tornan en actos violentos, se “pierde la oportunidad de reivindicar el lugar de la mujer”.

Pero, detalló que supuestamente tenían conocimiento de funcionarias municipales que habían incitado a los colectivos a realizar los actos vandálicos, además de que los “daños a inmuebles públicos y privados, mobiliario y agresiones físicas hacia otras personas ya eran investigadas por la FGE”. 

“Tenemos identificadas a algunas personas y detectamos que trabajan en el municipio de la capital del estado, se seguirán las investigaciones de oficio. Se está llevando a cabo el levantamiento de los daños, la compartiremos. Las investigaciones están en curso se fincarán responsabilidades contra todo aquel que resulte responsable”. Sin embargo, durante la conferencia no presentó pruebas que sostengan lo dicho. 

Y es que, el medio de comunicación MTP Noticias, difundió una nota donde culpan a la supuesta funcionaria pública del municipio, Jessica Nayeli Hernández Téllez quien funge como jefa del Departamento de Información de la Coordinación General de Comunicación Social en el gobierno municipal. Además, añadieron fotografías de ella donde porta un paliacate verde con el #AbortoLegal. 

Derivado de esto, en la rueda de prensa matutina de Claudia Rivera Vivanco aclaró que las fotografías difundidas donde se involucran a funcionarias municipales son de otros años y de otros eventos. Además, reprobó la difusión de estos materiales ya que solo provocaría hostigamiento y violencia contra ellas. 

De igual modo, Rivera Vivanco pidió a los medios de comunicación no difamar con el contenido que publican, asimismo al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta exhortó a colaborar con el gobierno municipal y a poner atención a las prácticas de difamación de los servidores públicos, haciendo referencia a Ana Lucía Hill y a Nora Merino. 

A todo esto, salieron a relucir en redes sociales las protestas por la posibles denuncias, tal es el caso de secretaria de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, Catalina Pérez Osorio, quien lamentó el actuar de Hill Mayoral y señaló que el haber acusado directamente a una funcionaria es no asumir la responsabilidad ante feminicidios y la Alerta de Género. 

Inclusive, los mismos colectivos feministas mostraron su descontento por las declaraciones hechas por el Congreso y el Gobierno del Estado. Tal es el caso de Cinthya Ramírez consejera de 33 mujeres. 

“Que compañeras que trabajan en el municipio hayan ido a las distintas movilizaciones de ayer en Puebla, no quiere decir que crearon toda una conspiración en su contra y sean responsables de lo sucedido. Deseo Nora Escamilla se emancipe de los machos que gobiernan”.