La iniciativa de desaparición de personas en Puebla lleva casi un año “congelada” en el Congreso

Hasta el corte del 24 de junio de este año hay 2 mil 763 personas reportadas como desaparecidas en la entidad poblana.

Está por cumplirse casi un año de que el Congreso del Estado incumple con su obligación en materia de Derechos Humanos, al mantener en “la congeladora” la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas.

Fue el 15 de julio del 2020 cuando se presentó formalmente la propuesta legislativa respecto al tema, por parte de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval. Desde entonces está en "stand by".

Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, manifestó que desde que se presentó la iniciativa, ésta se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y de Procuración y Administración de Justicia, “desde entonces la iniciativa se encuentra detenida, pendiente de dictaminación, estamos a casi un año desde que fue presentada”.

Acusó que el Estado, a través del Congreso, no está acatando el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, tal como lo mandata también la Ley general en materia de desaparición forzada o por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda.

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“En sus transitorios establecen que esta Ley General tendría que armonizarse a las distintas entidades federativas, cosa que el Congreso del estado no está haciendo, y tampoco está acatando sus obligaciones internacionales”, reiteró.

Con corte al 24 de junio de este 2021 se tienen registradas 88 mil 119 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, de esas, 2 mil 763 son reportadas en el estado de Puebla; de ahí la importancia de la Ley local en la materia.

Tenemos un alto índice de desaparición de personas en el estado y urge que se adopte el marco legislativo que permita implementar una seria de medidas para atender, prevenir, investigar y sancionar y atender a familiares de personas desaparecidas”, indicó.

Arrambide González, lamentó que exista una falta de voluntad política por parte del Congreso y también y una falta de respeto hacia las víctimas.

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