El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, indicó que el desalojo de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) no fue ordenado por el gobierno estatal, sino desde la Ciudad de México por medio de un juez federal.

En rueda de prensa, el mandatario explicó que se dio la colaboración entre los poderes ejecutivos y federal por lo que la diligencia ordenada fue desde el juez civil federal en Puebla, ya que en las instalaciones se encuentran en la entidad poblana.

“Esa diligencia no fue ordenada por un juez de Puebla fue un juez que envió un exhorto al Poder Judicial de Puebla y lo que otorga es la colaboración entre órganos de justicia y desahogar una diligencia ordenada por un juez de la Ciudad de México”, explicó.

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Informó que el desalojo es consecuencia de  los hechos ocurridos durante los años 2013 y 2014 cuando el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins salió del país de manera ilegal y terminó en Panamá.

Finalmente dijo que la universidad pertenece a dicha fundación y ha sido causa de diversos litigios entre los patronos que hicieron el movimiento para dejar sin patrimonio a la organización y los nuevos que tomaron posesión de un bien.