Premian a juez investigado

José Luis Arenas estuvo implicado en la liberación de un reo del penal de Tepeaca mediante una boleta apócrifa, razón por la cual la PGJ inició investigaciones en su contra  Jorge FONSECA Juez investigado por PGJ, es enviado a TeziutlánPremian al juez José Luis Arenas Juárez, quien se vio involucrado en el escándalo de la liberación de reos en el penal de Tepeaca por medio de una boleta de liberación apócrifa, razón por la cual la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) comenzó una investigación, de la cual aún no ha informado los resultados. De acuerdo con fuentes cercanas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el pleno de magistrados tomó la determinación de remover al juez en Tepeaca, para ocupar ese mismo puesto pero en el Juzgado Penal de Teziutlán. Esta fuente, señaló que el pleno de magistrados aprobó otros cambios. Cabe recordar que José Luis Arenas, quien es hijo de la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández, fue acusado de autorizar la liberación de un recluso del penal de Tepeaca. Se trata de Román Omar Ramos Luna, de 34 años de edad, quien enfrentaba una sentencia por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, quien quedó libre el 1 de febrero del 2013 por medio de una boleta apócrifa, y al ser descubierto lo anterior volvió a ser reaprehendido. De esta manera, sin que se haya informado a cerca de la conclusión de las investigaciones por parte de la PGJ, el TSJ premió al juez cambiándolo de adscripción. Otro de los cambios que se presume fueron aprobados por el TSJ fue el de la exprocuradora Blanca Laura Villeda Martínez, quien hasta hace unos días se desempeñaba como titular del Juzgado segundo de lo Civil en Huejotzingo y ahora fue nombrada responsable del Juzgado Penal de ese mismo lugar. Esto último, según fuentes consultadas, está prohibido por el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Es decir, que le está prohibido a la funcionaria, por haber ocupado el cargo de procuradora de Justicia, durante los tres primeros años de la administración de Mario Marín Torres. De acuerdo con el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social: “el funcionario Judicial de Defensa Social, sea magistrado o juez, está impedido para conocer de los asuntos en que intervenga, y deberá excusarse o podrá ser recusado (…) cuando hubiese sido abogado, procurador o perito en el negocio de que se trate, o si declaró como testigo acerca de hechos relativos al proceso”. Los movimientos anteriores se concretarán en los próximos días, según dijeron las fuentes consultadas, pero afirman que ya fueron aprobados por el pleno.
  • URL copiada al portapapeles