Por medio de un mandato judicial, el juez federal primero de distrito en materia de amparo ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un recurso legal, que pague al expolicía ministerial Salvador Vargas González la indemnización correspondiente por despido injustificado. Este mandato fue emitido el 24 de agosto, cuando el juez federal mandó a la directora general del Órgano de Control Interno y de Visitaduría de la FGE, Celia del Carmen Solís y Macías, a hacer el pago correspondiente, pero hasta el momento las autoridades estatales no han hecho efectivo dicho mandato, señaló César Pineda Zárate, abogado defensor del exministerial. Si la funcionaria no cumple con la indemnización al exagente, Solís y Macías podría ser destituida y consignada a las autoridades federales por el desacato al mandato judicial. César Pineda informó que solicitará ante el tribunal federal el trámite de inejecución de sentencia, e incluso podría llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La funcionaria, según lo explicó el abogado defensor del expolicía ministerial, podría hacerse acreedora a una pena de 3 a 9 años de prisión o una multa de 50 a 500 días de salario mínimo y la destitución e inhabilitación de 3 a 9 años en el desempeño de un cargo público.
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