Familiares del empresario, Ignacio Cruz Lerma, aseguraron que acudirán a instancias internacionales de derechos humanos por la detención violenta, robo y tortura que sufrió por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de medios señalaron a Jorge Torres, ex tesorero del equipo de fútbol Lobos BUAP, como el responsable de la detención ya que buscaba que Ignacio se declarara culpable por lavado de dinero e involucrara al actual rector de la BUAP Alfonso Esparza.

Claudia, hermana del empresario, reiteró que el 7 enero de 2021 ocurrió la detención de forma violenta, sin orden de aprehensión o de cateo.

Sostuvo que los agentes ministeriales rompieron puertas, ventanas, causaron daños y además robaron joyería, dinero e incluso juguetes, en el domicilio del empresario, que mes y medio antes de la detención había superado el Covid-19 aunque seguía usando tanque de oxígeno.

"Los elementos de la Fiscalía apuntaron con armas largas a los hijos de mi hermano para que firmaran hojas en blanco, sin conocer el motivo", sostuvo.

En la orden de cateo, que a decir de ella les fue presentada varias horas después de la detención, se precisaba que los elementos solo podrían asegurar computadoras, USBs y documentos, no obstante los agentes se llevaron vehículos que no estaban dentro de la propiedad e incluso uno que no era del detenido.

Aseguró que destruyeron el centro de grabación y las cámaras de videovigilancia, para que no quedara evidencia, aunque los tienen identificados en videos y fotos. 

"El motivo de la detención fue la supuesta entrega que mi hermano le hizo a Alberto Torres de documentos y una chequera de empresas que presuntamente servirían para realizar facturas falsas", dijo.

Claudia señaló que en la audiencia respectiva se dieron varios recesos por presuntos problemas técnicos y durante los cuales fue golpeado para que se declarara culpable e incluso lo amenazaron con hacerle daño a sus hijos.

Debido a las violaciones buscarán apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Actualmente Ignacio se encuentra preso en el penal de San Miguel y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La defensa legal indicó que promovieron un amparo contra ese auto de vinculación y agregaron que el juez de control mandó incompleto el disco de la grabación de la audiencia, en la que su cliente informó de las agresiones que recibía para declararse culpable.