Actualmente, el feminicida está vinculado a proceso y en prisión preventiva, mientras amigos y familiares de Astrid y Dante exigen justicia.
El pasado 28 de diciembre de 2024, en el fraccionamiento Bosques del Álamo, al norte de Culiacán, Sinaloa, Astrid Yáñez, de 26 años y su hijo Dante, de seis, fueron víctimas de un brutal feminicidio a manos de Jesús Fernando, expareja de la joven. Astrid había denunciado a su agresor como deudor alimentario, lo que desencadenó amenazas constantes. Desde junio de 2023, ella difundió en sus redes sociales su nombre y fotografía, indicando que no cumplía con su responsabilidad hacia su hijo y que solo lo había visto en dos ocasiones. Además, Jesús Fernando tenía otra hija de ocho años, a quien tampoco apoyaba. En 2024, gracias al apoyo de la colectiva Ley Sabina vs Deudores Alimentarios Sinaloa, el agresor fue destituido de un cargo público al que aspiraba en Culiacán. Sin embargo, esto intensificó las amenazas contra Astrid. El feminicidio de Astrid y DanteJesús Fernando ingresó en la vivienda de Astrid el 28 de diciembre, los apuñaló y prendió fuego al inmueble. Vecinos alertaron a las autoridades por el incendio, y al sofocar las llamas, los bomberos encontraron los cuerpos de Astrid y Dante. El subsecretario de Seguridad Pública estatal, Leoncio Pedro García Alatorre, confirmó que la causa de muerte fueron lesiones por arma blanca y que el incendio fue un intento de encubrir el crimen. Detención del feminicidaLa noche del crimen, Jesús Fernando ingresó al IMSS por heridas de arma blanca, asegurando que había sido atacado en el bulevar Francisco I. Madero. Las autoridades lo identificaron y lo mantuvieron bajo vigilancia hasta formalizar su detención días después. Actualmente, el feminicida está vinculado a proceso y en prisión preventiva, mientras amigos y familiares de Astrid y Dante exigen justicia. Violencia de género y deudores alimentarios en MéxicoLa tragedia de Astrid y Dante refleja la realidad de muchas mujeres en México:
En 2023, se aprobó la Ley Sabina , que crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios para impedir que estos accedan a cargos públicos, incluyendo bienes o salgan del país. Sin embargo, su implementación ha sido limitada y no está vigente en Sinaloa, donde ocurrió este crimen.
|