Martes 23 Septiembre 2025

Un atentado contra el patrimonio cultural de México generó descontento e indignación en los habitantes de la junta auxiliar de Santa María Xuchapa, luego de que se registrara la destrucción parcial de las pinturas rupestres conocidas como “La Mano Pintada”, ubicadas en una zona rocosa del cerro local. El daño fue provocado con herramientas como picos y palas, lo que ocasionó pérdidas arqueológicas de alto valor histórico.

Los vestigios, cuya antigüedad se estima en casi dos mil años, habían sido objeto de atención reciente por parte de autoridades estatales, que planeaban su restauración como parte de un proyecto turístico y comunitario impulsado por el Gobierno del Estado de Puebla. Sin embargo, la falta de vigilancia y protección permanente permitió que personas aún no identificadas accedieran al sitio y causaran daños irreversibles.

La zona arqueológica, aunque reconocida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no contaba con infraestructura de protección ni señalética adecuada, lo que la dejaba vulnerable ante actos de vandalismo. El sitio se encuentra dentro de un terreno cuya propiedad ha sido disputada por particulares, lo que podría estar relacionado con el reciente ataque.

De acuerdo con versiones de vecinos, un residente local ha sido señalado como presunto responsable de haber causado los daños, aunque aún no se han confirmado culpables. 

Visita de Alejandro Armenta a “La Mano Pintada”

El pasado mes de junio de 2025, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, visitó el sitio junto con funcionarios del INAH y anunció una inversión de 2 millones de pesos para el rescate del área y su integración a un corredor turístico-cultural. El plan incluía también la rehabilitación del Ojo de Agua, otro punto de interés para visitantes nacionales y extranjeros.

Cabe destacar que dañar un monumento arqueológico constituye un delito federal. Según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los responsables podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, además de sanciones económicas.