Miércoles 22 Octubre 2025

La creciente desconfianza la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad ha dejado una alarmante cifra de linchamientos en la capital poblana, pues, al menos 50 intentos han sido registrados entre 2021 y 2024, de los cuales dos terminaron con víctimas mortales, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno del Estado.

Durante una conferencia de prensa reciente, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez, confirmó que estos casos reflejan una problemática que va más allá del delito, y que evidencia una fractura en la relación entre sociedad y autoridades.

El funcionario detalló que 2021 fue el año más crítico, con 38 intentos de justicia por mano propia, uno de ellos consumado. En contraste, los años siguientes mostraron un descenso, con tres casos en 2022, cuatro en 2023, y tres más en el 2024. Sin embargo, advirtió que la reducción de cifras no debe tomarse como señal de solución.

“La mayoría de los casos se han contenido gracias a la activación del protocolo correspondiente. Pero cuando no hay denuncia oportuna al 911, la posibilidad de evitar una tragedia disminuye. Si no hay aviso a la instancia correspondiente, a través de la llamada de emergencia. Por supuesto, no hubo consumación en ninguno de ellos, más que uno en el 2021, señaló Rodríguez Álvarez.

Ante este panorama, el gobierno municipal ha reforzado el protocolo de actuación frente a intentos de linchamiento, presentado por Edgar Gómez Ríos, enlace de la Secretaría General del Gobierno Municipal. El plan busca una respuesta inmediata y coordinada entre niveles de gobierno y autoridades auxiliares.

Uno de los ejes centrales es la designación de un delegado municipal que actúe como primer respondiente, recabe información en el lugar del conflicto y articule la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, se contempla que la persona retenida sea puesta a disposición de la autoridad competente para evitar represalias colectivas y garantizar el debido proceso.

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El protocolo también prevé labores de inteligencia conjunta con el Gobierno estatal para prevenir futuros brotes de violencia comunitaria.

Las autoridades llaman a la población a no tomar la justicia en sus manos y a utilizar los canales de denuncia como el 911, cuya activación oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.