En entrevista con El Popular, periodismo con causa, Andrea Lezama Bonilla exigió a las autoridades revisar las resoluciones emitidas por la jueza Alejandra Román Pérez, quien decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva de su agresor vicario, Ricardo N, permitiéndole continuar su proceso en libertad pese a haber retenido de manera ilegal a su hijo durante seis años. Andrea recordó que en 2022 se logró la vinculación a proceso de Ricardo N por el delito de violencia vicaria, convirtiéndose en el primer caso judicializado en América Latina. Por ello, la reciente liberación del imputado representa, dijo, “un grave retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres y las infancias”. “Esta decisión me deja en total vulnerabilidad. No solo me preocupa mi seguridad, sino la de mi hijo, porque él sigue representando un peligro”, expresó Andrea, quien también cuestionó la efectividad de las medidas de vigilancia ordenadas por la jueza, pues aunque se instruyó que Ricardo N sea monitoreado para evitar su acercamiento, la madre duda que estas acciones se cumplan realmente. Diversos colectivos feministas, académicos y organizaciones civiles manifestaron su indignación ante la resolución judicial, calificándola como una muestra de falta de perspectiva de género y de protección hacia las víctimas. Señalaron que la decisión contraviene los avances logrados en el reconocimiento de la violencia vicaria, donde Puebla se había posicionado como un referente internacional. Te puede interesar: Avanza iniciativa de Armenta para que mandos militares dirijan Policía Auxiliar Las agrupaciones exigieron al Poder Judicial del Estado de Puebla asumir su responsabilidad, garantizar medidas de protección efectivas y revisar con urgencia el actuar de la jueza Alejandra Román Pérez, subrayando que “la justicia no puede estar del lado del agresor”.
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