Miércoles 26 Noviembre 2025

La violencia vicaria en Puebla —aquella en la que agresores utilizan a hijas e hijos para dañar a las madres— continúa en aumento y con escenarios cada vez más graves. Así lo advirtió Gabriela Rosas, fundadora del colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y Vida Libre de Violencia, quien señaló que los casos acompañados muestran un panorama preocupante: carpetas estancadas, falta de perspectiva de género e infancia y retrocesos judiciales.

En entrevista con El Popular, Rosas explicó que, lejos de observar avances en la atención de denuncias, “vemos que los procesos se atoraron o incluso han tenido retrocesos. La violencia sigue incrementándose en todos los tipos, y las madres enfrentan una ausencia total de perspectiva de género y de infancia”.

Más mujeres denuncian, pero la violencia se agrava

La activista explicó que el incremento de casos no solo responde a mayor incidencia, sino a que más mujeres se atreven a denunciar, pese a los riesgos.

“No solo hablo de mi caso; cada vez aumentan las denuncias, pero también la gravedad”, afirmó.

Actualmente, el colectivo acompaña:

  • 8 casos de violencia económica

     

  • 4 casos de violencia vicaria

     

  • 3 de violencia sexual contra niñas y niños por parte de progenitores

     

  • además de procesos donde existe riesgo de pérdida de guardia y custodia.

     

Rosas subrayó que la violencia económica suele ser la antesala de la violencia vicaria:

“Si no puedes sostenerte, toman cualquier pretexto para retirar a las hijas e hijos. Es manipulación directa hacia las infancias”.

Sin perspectiva de género ni de infancia en los juzgados

Uno de los principales problemas, indicó, es la interpretación sesgada del “interés superior de la niñez”, que debería priorizar la protección de niñas y niños.

“En la práctica es letra muerta. Se priorizan los derechos del padre por encima de las infancias y de la madre. La perspectiva de género está ausente, salvo excepciones”.

La omisión, dijo, ha derivado en escenarios extremos:

“Hay casos en el país donde padres han asesinado a sus hijas e hijos. Es lo más grave y lo más preocupante”.

Obstáculos para denunciar: procesos desgastantes y sin recursos

Rosas señaló que muchas mujeres no logran dar seguimiento a sus procesos judiciales por falta de recursos, desgaste emocional y sobrecarga de cuidados.

 “Muchas abandonan el proceso después de meses. Implica gastos, tiempos y traslados, incluso con abogado de oficio”.

El simple traslado a juzgados, el costo de copias o acudir a citas periódicas representa un obstáculo enorme para madres en precariedad o violencia.

Aun así, recordó que existen servicios de asesoría jurídica gratuita, indispensables para resguardar a las infancias:

Lo primero al separarse es buscar que estén seguros”.

Denunciar públicamente, un riesgo adicional

La activista alertó sobre el uso de figuras penales como asedio, ciberacoso o acoso, usadas por agresores para criminalizar a mujeres que denuncian públicamente.

 “Aunque hubo reformas, todavía existen términos ambiguos. Hemos acompañado casos donde los agresores abren carpetas contra madres que hablaron en medios o manifestaciones”.

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Un llamado urgente al Estado

Con 18 madres en acompañamiento permanente y otras cinco de forma intermitente, el colectivo exige que autoridades judiciales, ministeriales y de atención a víctimas apliquen perspectiva de género e infancia, y que el “interés superior de la niñez” deje de ser un discurso vacío.

Estamos muy preocupadas porque no vemos avances. Al contrario, hay casos cada vez más graves para nuestras hijas e hijos y para las madres”, concluyó Rosas.