Convertirse en víctima de la delincuencia o intentar protegerse de ella representa un golpe directo a las finanzas de las familias poblanas: durante 2025, el costo promedio por persona afectada ascendió a 4 mil 811 pesos, sumando un impacto económico global para los hogares del estado de 11.8 mil millones de pesos. De acuerdo con el análisis de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), con base en la ENVIPE 2026 del INEGI, la cifra total refleja una importante reducción frente a los 22 mil millones de pesos registrados en 2024. 
Sin embargo, el desembolso por habitante sigue lacerando el ingreso familiar, colocándose como el concepto de gasto extraordinario más recurrente por temas de seguridad. Del gasto total erogado por las familias poblanas para afrontar el fenómeno delictivo, el 62.9 por ciento correspondió a pérdidas materiales directas (robo de pertenencias, dinero o vehículos), mientras que el 33.3 por ciento se destinó a la instalación de medidas preventivas dentro de los hogares, como reforzamiento de cerraduras, rejas, alarmas o cámaras de vigilancia; este último rubro creció 8.8 puntos porcentuales respecto al ejercicio previo. Te puede interesar: Puebla, entre los estados con mayor incidencia delictiva y costo del delito El costo económico se enmarca en un escenario donde el 32.8 por ciento de los hogares en Puebla —equivalente a más de 635 mil viviendas— tuvo al menos a un integrante víctima de algún delito, posicionando a la entidad como la tercera con mayor tasa de victimización del país, con 26 mil 164 víctimas por cada 100 mil habitantes, solo por detrás de la Ciudad de México y el Estado de México. A la carga financiera se suma el desaliento ante el sistema de justicia: el 93.1 por ciento de los delitos cometidos en Puebla no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación, un indicador alineado con la cifra negra nacional del 93.4 por ciento. 
Entre el 67 por ciento de las víctimas que decidieron no acudir ante la autoridad, las razones principales se atribuyen a causas institucionales —como la pérdida de tiempo, los trámites complejos y la desconfianza hacia los servidores públicos—, fenómeno que impacta a una entidad cuya incidencia alcanza los 41 mil 876 delitos por cada 100 mil habitantes, superando el promedio del país ubicado en 34 mil 442 ilícitos. |