Lunes 02 Noviembre 2026

Entre 2022 y 2025 se contabilizaron 339 suicidios de personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario mexicano, lo que representa un repunte del 27 por ciento en dicho periodo, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) elaborado por la organización Causa en Común en su informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales”.

La investigación, presentada a finales de octubre de 2026, advirtió que el problema forma parte de un deterioro generalizado en las condiciones de vida al interior de los centros de reclusión, donde en el mismo lapso se registraron 3 mil 317 fallecimientos totales de internos, cifra que refleja un incremento del 49 por ciento.

Más del 44 por ciento de los internos en el país permanece bajo custodia sin haber recibido una sentencia definitiva.

El diagnóstico ligó la cifra de decesos al hacinamiento crónico y al aislamiento prolongado. Tomando como referencia la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi, apenas el 3 por ciento de los reclusos dispone de celda individual, mientras que el 46 por ciento convive con más de cinco personas en el mismo espacio y un 55 por ciento pasa encarrado de 12 a 24 horas continuas al día, todo ello enmarcado por severas deficiencias en el acceso a la atención médica integral.

A la saturación de los espacios se suma la incertidumbre jurídica de la población penitenciaria, pues para septiembre de 2026, 122 mil 549 personas —equivalentes al 44 por ciento del total de 276 mil 873 internos— permanecían sin recibir una sentencia. La ampliación de la prisión preventiva oficiosa y el repunte del 47 por ciento en la población del fuero común entre 2018 y 2026 han saturado la capacidad de respuesta de las autoridades.

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Aunado a lo anterior, Causa en Común expuso que ninguna entidad federativa cuenta con un esquema formal de profesionalización o servicio de carrera para el personal de custodia, lo que obstaculiza la identificación temprana de factores de riesgo en salud mental o cuadros depresivos.

Junto a los índices de violencia registrados en el mismo ciclo —que incluyeron 3 mil 145 agresiones, mil 989 riñas y 47 homicidios—, el organismo civil urgió a recuperar el control institucional de las instalaciones, garantizar servicios de atención psicológica, acotar el uso de la prisión preventiva automática y asignar presupuesto suficiente para fortalecer los programas de reinserción social.

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