La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) informó que inició una queja de oficio en contra de un servidor público de la Secretaría de Gobierno del Estado (SEGOB-Tlaxcala), señalado en diversas notas informativas por presuntamente agredir a un periodista que se encontraba en el ejercicio de sus funciones. A través de la Defensoría I, con sede en Tlaxcala, el organismo indicó que comenzó una investigación inmediata, solicitando información tanto a la autoridad involucrada como a la presunta víctima, con el fin de determinar si existió o no violación a derechos humanos. Por su parte, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) emitió un posicionamiento en el que condenó enérgicamente los hechos ocurridos la tarde del 6 de diciembre de 2025, durante el bloqueo de la carretera Apizaco–Tlaxcala, a la altura de Santa Úrsula Zimatepec. De acuerdo con el gremio, el Coordinador de Agentes y Coordinadores Municipales, Marcos Caporal Portillo, habría agredido verbalmente e intentado censurar de manera arbitraria a un periodista que cubría legítimamente la manifestación ciudadana. La organización calificó este acto como “una flagrante violación al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la labor periodística”, derechos reconocidos por los artículos 6° y 7° de la Constitución mexicana y por diversos tratados internacionales. Te puede interesar: Colectivos animalistas denuncian omisiones en caso de perrito quemado en Tlaxcala La UPET exigió al titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la conducta del funcionario involucrado y aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales que correspondan, incluida su separación del cargo, de ser procedente. El gremio también solicitó una disculpa pública y el compromiso de que ningún funcionario vuelva a vulnerar la libertad de expresión o la labor informativa. Asimismo, pidió a la SEGOB la emisión urgente de un protocolo obligatorio que garantice el respeto irrestricto a la labor de las y los periodistas en espacios públicos, sin intimidaciones ni obstáculos. Hasta el momento, ni la Secretaría de Gobierno ni su área de Comunicación Social han emitido un pronunciamiento ni han informado si se iniciaron los procedimientos internos solicitados por la organización de periodistas respecto a la conducta del trabajador.
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