Miércoles 21 Enero 2026

La falta de voluntad política de los legisladores ha mantenido frenada la reforma constitucional para reconocer a los animales como seres sintientes en Tlaxcala. A pesar de haber sido presentadas desde principios de 2025, las iniciativas continúan sin dictamen en comisiones, evidenciando una inacción legislativa sostenida, de acuerdo al Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA).

La organización civil informó que el 20 de febrero de 2025 la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona presentó una iniciativa en la materia, y el 4 de marzo del mismo año la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips impulsó otra con el mismo objetivo. Ambas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, donde permanecen sin avance, pese a los plazos establecidos en el Reglamento Interior del Congreso del Estado.

Asimismo, la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal (SOMEBA), encabezada por la Dra. Claudia Edwards Patiño, entregó al Congreso del Estado de Tlaxcala una opinión técnica especializada que respalda la reforma constitucional, la prohibición del maltrato animal y la imposición de obligaciones claras de protección y bienestar a cargo del Estado y los municipios.

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El documento señala que la reforma es jurídicamente necesaria e impostergable para armonizar la Constitución local con la reforma federal publicada en diciembre de 2024, que reconoce la protección animal y la incorporación del bienestar animal en los procesos educativos. Advierte que la actual Ley de Bienestar Animal de Tlaxcala resulta insuficiente al carecer de rango constitucional y fuerza vinculante.

Desde el ámbito científico, la opinión técnica acredita el consenso existente en la etología y la neurociencia sobre la capacidad de los animales para sentir dolor, sufrimiento, miedo y placer, lo que justifica plenamente su reconocimiento jurídico como seres sintientes.

Finalmente, el OCPA subrayó que, con este respaldo jurídico, científico y social, ya no existe justificación técnica para mantener las iniciativas detenidas, por lo que su falta de avance responde exclusivamente a una decisión política que resulta necesario revertir en atención al interés general.