La Secretaría de las Mujeres informó que 108 trabajadores vinculados al gobierno estatal son señalados como deudores alimentarios o agresores; en 29 casos ya se aplican descuentos vía nómina y no se reportaron bajas laborales por estas causas. El Gobierno del Estado de Tlaxcala reconoció que al menos 108 personas vinculadas a su administración son señaladas como deudores alimentarios o agresores, casos que involucran tanto a personal sindicalizado como trabajadores temporales, informó la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez. La funcionaria detalló que estas personas mantienen relación laboral con distintas dependencias estatales y que, hasta ahora, 29 de los casos ya cuentan con descuentos aplicados directamente vía nómina para el cumplimiento de obligaciones alimentarias. Cano Rodríguez señaló que desde la dependencia se plantea que los trabajadores conserven su empleo para garantizar el cumplimiento de las resoluciones legales mediante retenciones salariales. “Siempre les digo que conserven su trabajo para que se les haga el descuento vía nómina”, expresó. 
Pese a que se trata de personas señaladas por incumplimiento de obligaciones alimentarias o por conductas de violencia, la funcionaria no informó sobre bajas laborales ni sanciones administrativas derivadas de estos casos, por lo que los trabajadores continúan desempeñándose dentro de dependencias del gobierno estatal. La titular de la SMET explicó que parte de los casos fueron identificados tras la colocación de tendederos de deudores alimentarios y agresores durante las actividades del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde se exhibieron públicamente nombres señalados por presuntos incumplimientos o conductas de violencia. Te puede interesar: La digna rabia tomó las calles de Tlaxcala en el 8M Indicó que la dependencia realiza actualmente una revisión de los perfiles expuestos para determinar si las personas señaladas pertenecen al sector privado o al servicio público, con el objetivo de integrar un compendio que permita dar seguimiento institucional. Añadió que, cuando se confirma que el denunciado es trabajador del Gobierno del Estado, la secretaría cuenta con la autorización de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para solicitar la intervención de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) y de la Secretaría de Gobierno (Segob) a fin de revisar cada caso. Con ello, el propio gobierno estatal reconoce que personas señaladas como deudores alimentarios o agresores siguen laborando dentro de sus dependencias, mientras las autoridades revisan los mecanismos administrativos para dar seguimiento a estos señalamientos. |