La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala enfrenta señalamientos por opacidad y falta de mecanismos para rendir cuentas sobre su desempeño, de acuerdo con el informe Radiografía de las Fiscalías en México 2026 elaborado por México Evalúa. El estudio coloca a Tlaxcala entre las fiscalías del país que deben mejorar de manera urgente sus prácticas de transparencia, debido a que la mayoría de las respuestas proporcionadas a solicitudes de acceso a la información fueron nulas o incompletas. La organización advirtió que esta situación limita el acceso a datos fundamentales sobre el funcionamiento de la institución y dificulta la evaluación ciudadana de sus resultados. La falta de información pública adquiere mayor relevancia porque impide conocer con precisión aspectos clave como la gestión de carpetas de investigación, los casos pendientes, las judicializaciones, el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias y las determinaciones ministeriales. México Evalúa señaló que las fiscalías se encuentran entre las instituciones del sistema de justicia con menores niveles de respuesta a solicitudes de información. 
A ello se suma que el Plan de Política Criminal 2025 de la Fiscalía de Tlaxcala no contempla indicadores de desempeño ni metas cuantificables que permitan verificar avances o corregir estrategias. El informe advierte que, sin métricas, líneas base y mecanismos de evaluación, los planes institucionales corren el riesgo de convertirse en declaraciones de intención sin capacidad real para demostrar resultados. Te puede interesar: Fiscalía de Tlaxcala: 4 años de impunidad e injusticia México Evalúa sostiene que la ausencia de indicadores limita la rendición de cuentas y dificulta determinar si las prioridades establecidas por las fiscalías están produciendo cambios efectivos en la investigación y persecución de delitos. También impide conocer si existen mejoras en la judicialización de casos, reducción de rezagos o tiempos de respuesta a las víctimas. El informe concluye que la resistencia institucional para transparentar información constituye por sí misma un hallazgo relevante sobre las debilidades estructurales de los sistemas de procuración de justicia, al obstaculizar la supervisión pública y la evaluación objetiva de su desempeño.
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