Tlaxcala continúa bajo el asedio de tratantes sexuales

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, este 30 de julio, un frente de organizaciones de la sociedad civil, la academia y la Iglesia católica denunció que el estado de Tlaxcala continúa bajo el asedio de redes de explotación sexual, debido a una aplicación inadecuada de las leyes y políticas públicas, así como a la enorme brecha entre lo presupuestado y lo cumplido, operativos que revictimizan a las mujeres y cero casos de extinción de dominio o pérdida de los derechos de propiedad sobre los bienes utilizados para cometer el delito de trata de personas o que fueron producto de éste.

Las organizaciones señalaron la ineficacia de las incursiones de los elementos de seguridad contra la trata porque mantienen en la impunidad a los tratantes. Describieron que, el pasado 17 de julio, el gobierno estatal llevó a cabo operativos que resultaron en el cierre de nueve moteles por irregularidades administrativas y sanitarias. Sin embargo, estas acciones no lograron la detención de tratantes ni la protección real de las víctimas, sino que se centraron en investigar a las mujeres, incurriendo nuevamente en su revictimización. Los lugares reabrirán una vez subsanadas las faltas administrativas, sin desmantelar la explotación de fondo.

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Acusaron que la campaña “Se Trata de todas y todos” es limitada respecto a la prevención, ya que únicamente se centra en alertar a las mujeres para evitar que sean captadas y deja sin cuestionar las masculinidades que forman tratantes y consumidores, la demanda de prostitución y la tolerancia social e institucional que normaliza la explotación sexual. “Toda acción que se genere como parte del eje de prevención del Programa Estatal contra la Trata de Personas debe demostrar que avanza en esta dirección”, expresaron.

De acuerdo con las organizaciones, en los presupuestos de egresos de 2023, 2024, 2025 y 2026 el estado etiquetó para prevenir, sancionar y erradicar la trata un total de 2 mil 978 millones 271 mil 963 pesos —casi 3 mil millones—; mientras que, a casi cinco años de la actual administración, el Programa Estatal contra la Trata de Personas apenas alcanza el 11 por ciento de cumplimiento.

Esa brecha, sostienen, muestra que el dinero no se aplicó en las acciones que el propio programa establece y fue desviado en años anteriores hacia actividades ajenas a la seguridad, como la “Transformación de la fiesta brava” como impulsor turístico.

Cifras contradictorias y justicia incompleta

Acusaron que durante 2023, 2024 y 2025 la Fiscalía General de Justicia del Estado no reportó casos de trata al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en 2026 sólo ha iniciado seis carpetas de investigación: cuatro por explotación sexual y dos por pornografía infantil. Esto contrasta con la información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, según la cual, entre enero de 2021 y junio de 2025, la propia Fiscalía atendió a 53 víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El fenómeno no se detiene en los límites de Tlaxcala. En Puebla, la Fiscalía General del Estado inició 20 carpetas de investigación por trata de personas entre enero y junio de 2026, casi 67 por ciento más que en el mismo periodo de 2025 —una indagatoria cada nueve días en promedio—.

Ambas entidades funcionan como un solo corredor sobre la vía corta Tlaxcala-Puebla. El Centro Fray Julián Garcés, uno de los firmantes, documenta que las redes tlaxcaltecas enganchan víctimas en 17 estados del país y las explotan en 21, mientras que el propio gobierno tlaxcalteca reconoce 53 operativos interestatales coordinados con Puebla.

Dinero de tratantes, intocable

“El gobierno ha informado la obtención de 37 sentencias condenatorias durante la actual administración, aunque ha reconocido que corresponden a investigaciones iniciadas en administraciones anteriores. Sin embargo, no se ha aplicado la extinción de dominio en ningún caso, es decir, no se ha generado la pérdida de los derechos de propiedad sobre los bienes utilizados para cometer el delito de trata de personas o que fueron producto de éste. Sin afectar los bienes y las ganancias obtenidas mediante la explotación sexual, no puede hablarse de un verdadero desmantelamiento de las redes de trata”.

Señalaron que tampoco se informa sobre las características de los tratantes sentenciados ni sobre la existencia de un programa específico de reinserción social que evite la reproducción y sofisticación de sus prácticas, el cual está propuesto en el Programa Estatal contra la Trata.

“Más grave aún, no se informa cuántas víctimas fueron atendidas, cuáles son sus edades y lugares de origen, si obtuvieron la reparación integral del daño ni qué medidas de no repetición ha implementado el Estado”.

Tanto el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Academia Comprometida contra la Trata de Mujeres, las Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala, la Dimensión de Fe y Compromiso Social, y la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, demandaron:

1. Que los operativos realizados por el gobierno del estado de Tlaxcala no revictimicen a las mujeres; que garanticen la identificación, atención y protección integral de las víctimas, y que centren su acción en la investigación y detención de los tratantes y en el desmantelamiento de los lugares y redes de explotación.

2. Que se aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio a todos los bienes utilizados para cometer el delito o que sean producto de éste, incluidos hoteles, moteles, automóviles, casas y cuentas bancarias, entre otros, y que se garantice que dichos recursos se destinen prioritariamente a la reparación integral del daño de las víctimas.

3. Que el recurso etiquetado en el Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala realmente sea destinado a las acciones del Programa Estatal contra la Trata de Personas, y que la evaluación y los informes de gobierno se hagan con base en los indicadores que ahí se establecieron.

4. Que la prevención se realice a partir de procesos educativos y no únicamente de campañas en redes sociales.

“A la ciudadanía y a los medios de comunicación les recordamos que las redes de trata se han especializado en manipular a las víctimas y en hacer pasar la explotación sexual por una decisión libre. Por ello, les llamamos a no normalizarla ni justificarla en nombre de una supuesta libertad, pues el consentimiento obtenido mediante el engaño, la manipulación afectiva, la violencia o el abuso de una situación de vulnerabilidad no convierte la explotación en libertad”, apuntaron.