Los tres centros penitenciarios evaluados en Tlaxcala reprobaron en materia de derechos humanos y condiciones de reinserción social, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, que otorgó al sistema penitenciario estatal una calificación general de 5.02 sobre 10, ubicándolo en el rango de desempeño bajo. La evaluación reveló que los centros penitenciarios operan además con sobrepoblación, al albergar mil 243 personas privadas de la libertad en espacios diseñados para mil 91 internos, lo que representa un excedente de 152 personas y una saturación cercana al 14 por ciento. 
Entre las principales observaciones realizadas por los evaluadores resaltaron la falta de mecanismos efectivos para prevenir violaciones a derechos humanos, insuficiencia de vías para que las personas privadas de la libertad presenten quejas, así como programas limitados para prevenir incidentes violentos dentro de los centros penitenciarios. Otro de los problemas señalados corresponde a deficiencias en las condiciones materiales de alojamiento, problemas de higiene, infraestructura insuficiente y carencias en áreas médicas, talleres, espacios de comunicación con el exterior, así como en cocinas y comedores. Te puede interesar: CNDH exhibe crisis en cárceles: fallan seguridad, salud y reinserción En materia de gobernabilidad penitenciaria, el diagnóstico identificó falta de reglamentos y manuales actualizados, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en la aplicación de sanciones disciplinarias y capacitación limitada para el personal responsable de la vigilancia y operación de los centros. La evaluación también evidenció rezagos en los procesos de reinserción social. Entre ellos destacó la deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas, una clasificación inadecuada de la población penitenciaria, así como insuficiencia de actividades educativas, deportivas y de capacitación laboral. 
Respecto de la atención a grupos vulnerables, el sistema penitenciario de Tlaxcala concentró 47 personas adultas mayores, 38 con discapacidad física, 20 integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, 20 personas con problemas de drogodependencia, 19 indígenas, 9 personas con VIH/SIDA y 6 extranjeras. No obstante, el diagnóstico advirtió deficiencias en los programas y servicios dirigidos a varios de estos sectores. A pesar de los rezagos, el informe señala que durante el periodo evaluado no se detectaron casos de autogobierno o cogobierno, tampoco se reportaron motines, homicidios, riñas, fugas, extorsiones o actos de tortura dentro de los centros penitenciarios supervisados. Sin embargo, sí se registró un suicidio, una autoagresión y una queja ante organismos de derechos humanos. Por otra parte, el Centro Federal de Reinserción Social No. 7, ubicado en Tlaxcala, obtuvo una calificación de 7.34, superior a la media estatal, aunque también presentó observaciones relacionadas con prevención de violaciones a derechos humanos, programas contra adicciones y atención a grupos vulnerables. |