Luego de que integrantes de Pueblos Unidos ingresaron a la planta de Bonafont, en el municipio de Juan C. Bonilla y clausuraron el pozo de agua, la academia, defensores de derechos humanos y el gobierno del estado, han dado su postura frente a la situación que se vive en ese conflicto por el agua. 

En un pronunciamiento, la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga S.J. y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., manifestaron su preocupación por la creciente tensión que se vive en el municipio. 

Reiteraron su llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para priorizar el diálogo frente a los conflictos socioambientales, en el marco de una cultura de respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, alejándose de salidas institucionales con alto costo social como la judicialización y la violencia. 

Incluso, la institución informó que se pone a disposición de las partes para abonar al dialogo y la construcción de caminos y acuerdos hacia la resolución positiva del conflicto, ofreciendo sus instalaciones y recursos humanos para propiciar la toma de acuerdos. 

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Recordó la disposición mostrada por las partes para la resolución pacífica del conflicto suscitado en el año 2020 frente a la construcción del colector sanitario y pluvial en el mismo municipio, donde primó la escucha y el coloquio de las posiciones, recordando el alcance positivo que tuvo el diálogo del día 6 de febrero del mismo año. 

En contraparte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, precisó que el grupo de personas inconforme se ha negado a entablar diálogo con las autoridades estatales. 

Incluso, le recordó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que la protesta de los habitantes es por la entrega de permisos o licencias para sustraer agua, y esa función la tiene a cargo la delegación federal. 

En ese sentido, el conflicto entre habitantes de Juan C. Bonilla con la empresa Bonafont, lo tiene que solucionar la Conagua. 

Puntualizó que ya existen denuncias penales contra aquellos que ingresaron a la empresa a clausurar simbólicamente un pozo de agua.