Entre órdenes de aprehensión, evasiones y quejas, así va el conflicto Jenkins-UDLAP
Los acontecimientos más actuales son las órdenes de aprehensión para el rector y sus colaboradores más cercanos.
Casi dos meses han transcurrido desde que un “nuevo
patronato” tomó control del campus de la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP), y a raíz de eso, se han
generado toda una serie de conflictos a favor y en contra de las partes
involucradas que involucra a la Fundación Mary Street Jenkins. Lo último que sucedió, es que un juez giró una orden de
aprehensión contra el rector Luis
Ernesto Derbez Bautista, por presunto desfalco millonario a la Universidad
de las Américas Puebla. La orden aludida fue
expedida el 12 de agosto por un juez de Control de la entidad poblana, sin
embargo, no se precisa el nombre de dicho juez, ni tiene firma el documento. Incluso, habría órdenes de aprehensión contra los
colaboradores más cercanos de Derbez Bautista, que son Mónica Ruiz Huerta, quien se desempeñaba como vicerrectora
administrativa; Mario Vallejo Pérez,
vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño,
director de Asuntos Jurídicos, además de Virgilio
Rincón Salas y Alejandro González
Muñoz, abogados de la familia Jenkins Landa. El delito de fraude específico que se imputa a los acusados,
tiene que ver con que, en 2016, presuntamente Derbez y los otros directivos
crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad
denominada UDLAP Jenkins Graduate School,
de la cual son socios y en la que habrían
desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la Fundación
Mary Street Jenkins. También lee: Proceso desgastante, ven docentes sobre el conflicto UDLAP Los Jenkins se
defienden Al respecto, la Fundación Mary Street Jenkins, defendió que
eso es un mecanismo de presión para
desviar la atención sobre el tema de evasión por parte del “nuevo
patronato” al incumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del
campus de la UDLAP. Afirmó que se trata
de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa
Huerta, “quien tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión
con el aparato que está a su disposición desde el gobierno de Puebla”. La Fundación reiteró que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso
se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de
la Ciudad de México, que “forman parte de una red de complicidades impune hasta
el momento”. Recordó que el campus de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio
pasado por la Policía Estatal, violando
los derechos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la
UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico. “Esta intervención fue ordenada por Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, quien
ha mostrado un comportamiento irregular alineando sus acciones a las
intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia
Privada de Puebla, que responden a los intereses del gobernador Miguel Barbosa,
para imponer a un patronato y un rector espurios”, matizó. La Fundación Jenkins obtuvo
una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP
sea devuelta de forma inmediata al Patronato legalmente constituido y presidido
por Margarita Jenkins de Landa. Sin embargo, acusó que esta suspensión ha sido violada de
forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los
abogados Roberto Gil Zuarth, ex
Senador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP,
y el abogado Guillermo Barradas,
vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los
jueces 24 y 60 civiles de la CDMX. Por este motivo, la Fundación Mary Street Jenkins presentará una queja formal contra los
jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades. Barbosa calla Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, evitó hablar sobre el tema y argumentó que
dicho caso no le compete al Poder Ejecutivo, sino a las instancias judiciales. Manifestó que ese
tema compete únicamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y
al Poder Judicial y que prefiere no emitir una postura.
“No voy a dar mi
opinión sobre una orden de aprehensión de la cual el Poder Ejecutivo no es
parte”, argumentó en su tradicional rueda de prensa virtual. |