Casi dos meses han transcurrido desde que un “nuevo patronato” tomó control del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y a raíz de eso, se han generado toda una serie de conflictos a favor y en contra de las partes involucradas que involucra a la Fundación Mary Street Jenkins.

Lo último que sucedió, es que un juez giró una orden de aprehensión contra el rector Luis Ernesto Derbez Bautista, por presunto desfalco millonario a la Universidad de las Américas Puebla.

La orden aludida fue expedida el 12 de agosto por un juez de Control de la entidad poblana, sin embargo, no se precisa el nombre de dicho juez, ni tiene firma el documento.

Incluso, habría órdenes de aprehensión contra los colaboradores más cercanos de Derbez Bautista, que son Mónica Ruiz Huerta, quien se desempeñaba como vicerrectora administrativa; Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, director de Asuntos Jurídicos, además de Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, abogados de la familia Jenkins Landa.

El delito de fraude específico que se imputa a los acusados, tiene que ver con que, en 2016, presuntamente Derbez y los otros directivos crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School, de la cual son socios y en la que habrían desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins.

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Los Jenkins se defienden

Al respecto, la Fundación Mary Street Jenkins, defendió que eso es un mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de evasión por parte del “nuevo patronato” al incumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP.

Afirmó que se trata de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, “quien tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el gobierno de Puebla”.

La Fundación reiteró que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, que “forman parte de una red de complicidades impune hasta el momento”.

Recordó que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio pasado por la Policía Estatal, violando los derechos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico. 

“Esta intervención fue ordenada por Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, quien ha mostrado un comportamiento irregular alineando sus acciones a las intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que responden a los intereses del gobernador Miguel Barbosa, para imponer a un patronato y un rector espurios”, matizó.

La Fundación Jenkins obtuvo una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP sea devuelta de forma inmediata al Patronato legalmente constituido y presidido por Margarita Jenkins de Landa.

Sin embargo, acusó que esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex Senador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX.

Por este motivo, la Fundación Mary Street Jenkins presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.

Barbosa calla 

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, evitó hablar sobre el tema y argumentó que dicho caso no le compete al Poder Ejecutivo, sino a las instancias judiciales.

Manifestó que ese tema compete únicamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y al Poder Judicial y que prefiere no emitir una postura.

“No voy a dar mi opinión sobre una orden de aprehensión de la cual el Poder Ejecutivo no es parte”, argumentó en su tradicional rueda de prensa virtual.